El Tribunal Declara la Extinción de la Acción Penal contra Antonio Carbone
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha declarado la extinción de la acción penal contra el empresario ítalo-canadiense Antonio Carbone, poniendo fin a un largo proceso judicial que comenzó con su condena en diciembre de 2014 por intento de asesinato. Esta sentencia, que sorprendió a muchos, se basa en el argumento de que ha vencido el plazo establecido por la ley para continuar con la acción penal.
Carbone, que fue sentenciado a 20 años de prisión, había estado en el centro de un importante caso de alto perfil que atrajo la atención mediática en la República Dominicana debido a su nacionalidad y a la gravedad del delito imputado. Sin embargo, la situación de Carbone ha sido extremadamente dinámica desde su condena. En años posteriores, el Tribunal Constitucional del país anuló la sentencia original y ordenó un nuevo juicio, lo que llevó a un prolongado proceso legal.
La reciente decisión del Segundo Tribunal se centra en que se ha sobrepasado el tiempo permitido para la acción penal según la normativa vigente, lo que ha llevado a la cancelación de cualquier medida coercitiva contra Carbone. Esto significa que el empresario ya no enfrentará la posibilidad de ser juzgado nuevamente por los cargos que habían sido levantados en su contra, cerrando así un capítulo en su controvertida historia judicial.
De acuerdo con la información proporcionada por el tribunal, se ha fijado la lectura íntegra de la sentencia para el 25 de febrero de 2025. Esta lectura será crucial para entender todas las implicaciones de la decisión y los fundamentos que llevaron a la extinción de la acción penal. Mientras tanto, Carbone se encuentra en libertad, lo que ha generado diversas reacciones entre la opinión pública y los actores del sistema judicial que han seguido el caso de cerca.
La resolución también plantea preguntas sobre el estado de la justicia en el país y los procedimientos legales aplicables a situaciones de este tipo, especialmente en casos que involucran a personas de alto perfil. En un contexto donde la seguridad y la justicia son temas de constante debate, la decisión del tribunal añade una nueva capa a la discusión sobre la eficacia del sistema judicial dominicano.
