Informe Embajada de USA en RD cuestiona gobierno de Abinader por crímenes y actos de corrupción
Santo Domingo, RD: La Embajada de Los Estados Unidos de América en la República Dominicana, publicó esta semana su Resumen Ejecutivo anual sobre diversos tópicos que atañen directamente la responsabilidad del gobierno dominicano, con relación a las políticas implementadas en diversos tópicos, tales como el respeto a la integridad de la persona, desapariciones, tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes, condiciones de las prisiones y centros de detención, arresto o detención arbitraria y detención preventiva, negación de un juicio justo y público, procedimientos judiciales, presos y detenidos políticos, procedimientos judiciales civiles, interferencia arbitraria o ilegal en la intimidad, la familia, el hogar o la correspondencia, libertad de expresión o su censura, difamación e injuria, libertad en internet, libertad de culto, trato a desplazados internacionales, protección a refugiados, etc., etc., etc.
Este informe que abarca todo el año 2021, está matizado de fuertes cuestionamientos al gobierno del Presidente Abinader y el PRM. “En julio del 2020, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, fue elegido presidente para un mandato de cuatro años, el primer traspaso de poder de un partido a otro en 16 años. Observadores externos imparciales evaluaron las elecciones en general como libres, justas y ordenadas”, establece dicho informe en su primer párrafo.
Responsabiliza directamente al presidente Abinader de las acciones de la Policía Nacional, institución que reconoce está subyugada al Ministerio de Interior y Policía, pero que desde el punto de vista práctico, depende directamente del Presidente. Así mismo, dicho informe responsabiliza al presidente Abinader de las acciones de la “Autoridad de Seguridad Aeroportuaria, la Autoridad de Seguridad Portuaria y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza tienen algunas responsabilidades de seguridad interna y dependen del Ministerio de Defensa y, a través de éste, del presidente, así como La Dirección Nacional de Control de Drogas, que cuenta con personal tanto de la policía como de las fuerzas armadas, depende directamente del presidente, al igual que el Departamento Nacional de Inteligencia. Tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como el Departamento Nacional de Inteligencia tienen importantes responsabilidades de seguridad interna. En general, las autoridades civiles mantienen un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Se recibieron informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”, continúa el informe.
“Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes del gobierno; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias; injerencia arbitraria a la privacidad; difamación criminal de periodistas particulares; corrupción gubernamental grave; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales. El gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley condujo en ocasiones a la impunidad”, señala categóricamente el informe.
“Las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional fueron un problema. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una organización no gubernamental (ONG), más de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021. Según la Procuraduría General de la República, hasta octubre la policía había asesinado a un total de 41 personas, pero se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales. Los medios de comunicación y la sociedad civil reconocieron que muchos casos no se denunciaban debido a la falta de confianza en el sistema de justicia a la hora de presentar cargos.
En uno de los casos más destacados del año, en marzo la policía mató a Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en circunstancias poco claras cuando Díaz y Muñoz regresaban a casa tras un acto religioso. Según los medios de comunicación locales, los agentes “confundieron” el vehículo de la pareja con el de unos delincuentes buscados y dispararon contra el vehículo de la pareja mientras los perseguían. En abril, el Ministerio Público (responsable de la formulación y aplicación de la política del país contra la delincuencia, de la realización de investigaciones penales y de la fiscalía) ordenó que los siete policías implicados en el tiroteo fueron detenidos y puestos en prisión preventiva.
“El 2 de octubre, un agente de policía fuera de servicio disparó y mató a Leslie Rosado después de que ésta supuestamente chocara con la motocicleta del agente y abandonara el lugar. El agente fue asistido por un segundo agente, que le ayudó a perseguir el vehículo de Rosado. La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitó a la justicia la prisión preventiva de los dos policías y pidió tres meses para completar la investigación. El presidente Luis Abinader asistió al funeral de Rosado, calificó su asesinato de “acto de salvajismo intolerable” y prometió erradicar abusos policiales similares, de acuerdo a un informe policial”, indica el informe de la Embajada en una de sus partes.
