LOS ÁNGELES.- Una nueva política de la administración del presidente Donald Trump sobre la denominada “carga pública” entró en vigor este viernes 18 de septiembre, ampliando la evaluación que pueden realizar los funcionarios de inmigración al decidir determinadas solicitudes de residencia permanente en Estados Unidos.
La nueva orientación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) permite considerar una gama más amplia de circunstancias económicas y del uso de determinados beneficios públicos para evaluar si un solicitante podría convertirse en una carga pública.
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La política afecta principalmente a personas sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública, entre ellas solicitantes de residencia permanente por determinadas categorías familiares y laborales.
¿Qué significa ser considerado carga pública?
La carga pública es una causal de inadmisibilidad contemplada en la legislación migratoria estadounidense. Puede utilizarse para negar una visa, la admisión al país o un ajuste de estatus cuando las autoridades determinan que una persona probablemente dependerá de asistencia gubernamental.
Para tomar esa decisión, la ley exige considerar factores como la edad, salud, situación familiar, activos, recursos y situación financiera, además de la educación y las habilidades del solicitante.
La nueva política concede a los funcionarios migratorios mayor margen para analizar las circunstancias de cada caso, incluido el uso de determinados beneficios públicos sujetos a criterios de ingresos.
No todos los inmigrantes están sujetos a la norma
La causal de carga pública no se aplica de la misma manera a todas las categorías migratorias. Existen protecciones o exenciones establecidas legalmente para determinadas personas acogidas a programas humanitarios.
Entre las categorías que históricamente han contado con exenciones se encuentran refugiados, asilados y determinados solicitantes protegidos bajo VAWA, así como algunas víctimas de trata de personas o de ciertos delitos que utilizan las categorías T y U.
Por esa razón, especialistas recomiendan que los inmigrantes no abandonen automáticamente beneficios públicos para los que son elegibles sin determinar primero si la nueva política afecta específicamente su situación migratoria.
Demandas buscan detener la medida
La entrada en vigor ocurre en medio de una batalla judicial. Una coalición de estados y gobiernos locales presentó demandas para intentar bloquear la política.
Las impugnaciones sostienen, entre otros argumentos, que las nuevas disposiciones podrían provocar que familias inmigrantes dejen de utilizar servicios públicos a los que legalmente tienen derecho por temor a perjudicar futuros trámites migratorios. La administración Trump defiende la política como una forma de promover la autosuficiencia de los inmigrantes.
La nueva política retoma un enfoque más amplio sobre carga pública después de que la administración de Joe Biden estableciera en 2022 una regulación más limitada, centrada principalmente en asistencia monetaria para mantenimiento de ingresos y determinadas situaciones de institucionalización de largo plazo financiadas por el Gobierno.
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