Abinader dice que ley extinción de dominio es justicia restaurativa
Con el concepto de que en el país se comienza a desarrollar una justicia restaurativa, el presidente Luis Abinader promulgó ayer la tan debatida y polémica Ley 340-22 de Extinción de Dominio, en una ceremonia en la que resaltó que a partir de esta todo el que roba al Estado tendrá que devolver lo sustraído.
Durante el acto, celebrado en el Palacio Nacional, el jefe de Estado advirtió que con esta nueva legislación, aprobada en consenso en el Congreso Nacional, los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de dicha norma, incluyendo las relativas a la administración y disposición de los bienes sujetos a este procedimiento, incurrirán en responsabilidad civil, multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público y sanciones penales de hasta cinco años de prisión, así como en su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, los presidentes de las cámaras legislativas del Congreso Nacional, legisladores de diferentes bancadas y abogados, el mandatario sostuvo que con la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio, que fue anhelada desde hace años y que sufrió más de 40 modificaciones en los días previos a su sanción, se añade un paso más a la República que, según aseguró, se está construyendo.
“Lo que hasta ahora estaba en los bolsillos de unos pocos de manera ilícita, volverá a los bolsillos de sus legítimos dueños: el pueblo dominicano”, enfatizó.
“El que la hace la paga”
Con la frase de que “en este país, quien la hace la paga, y quien roba devolverá lo robado”, el presidente Abinader afirmó que la nueva ley implica, entre otras cosas, la justicia restaurativa, que es un concepto nuevo en el ordenamiento de la República Dominicana, porque no solo se sanciona, sino que se restaura el daño causado.
Hablando en ese mismo contexto, argumentó que la extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita y como tal, es un instrumento que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales que el Gobierno está adaptando en todos los ámbitos, desde el primer día.
Precisó que, por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra la corrupción organizada, el narcotráfico y otros ilícitos, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad delictiva.
“El corrupto siempre busca lucrarse, y ahora atacaremos de raíz este problema. Durante demasiados años, la corrupción y el delito han lastrado el buen nombre de nuestro país. Pero nosotros, los dominicanos y dominicanas, sabemos que somos gente honesta y trabajadora, que todo nos lo hemos ganado con el esfuerzo de nuestro trabajo y el sudor de nuestra frente”, dijo.
Agregó, en ese sentido, que ahora nadie puede ensuciar el “buen nombre” del país ni puede quedar impune. “Ya no. Vamos a recuperar lo que es nuestro, con determinación y justicia”, enfatizó.
En sus consideraciones respecto a la aprobación de la ley de extinción de dominio, Luis Abinader apuntó que con esto se reafirma el compromiso del Gobierno en su lucha por la transparencia e institucionalidad del Estado dominicano, así como por el fortalecimiento del sistema de justicia.
“Y es, sobre todo, una conquista del pueblo dominicano, que se mantuvo atento al curso de esta iniciativa en las cámaras legislativas. Solo resta que esa vigilia ciudadana se mantenga al momento en que esta ley sea aplicada para la recuperación, en provecho de todos, de las riquezas ilícitamente obtenidas por unos pocos”, indicó.
Aspectos de la Ley de Extinción.
La Ley de Extinción de Dominio traerá muchos cambios en el ordenamiento jurídico, entre estos que las autoridades, además de perseguir el decomiso de bienes de origen ilícito que estén en territorio dominicano, también lo podrán hacer con aquellos que se encuentren en otros países.
Lo mismo aplicará para las autoridades extranjeras, que, por sentencia de un tribunal, podrán decomisar los bienes que se encuentren en República Dominicana, siempre y cuando se cumpla con el debido proceso. También crea una nueva jurisdicción para conocer estos juicios y abre la posibilidad de un Ministerio Público especializado.
Considera como hechos ilícitos que pueden dar lugar a la extinción de dominio de los bienes, el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, el terrorismo y el financiamiento del mismo; la estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Otros hechos que la Ley considera como ilícitos
La Ley 340-22 contempla como hechos ilícitos el tráfico ilícito de seres humanos, la trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores; la pornografía infantil, el tráfico ilícito de órganos humanos, el tráfico ilícito de armas; el secuestro, la extorsión, la falsificación de monedas, valores o títulos. También, el soborno trasnacional, los delito tributarios, la estafa agravada, contrabando la piratería, los delitos contra la propiedad intelectual y el medioambiente; el testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas. Además, el tráfico ilícito de piezas de arte.
Penas
Funcionarios que violen la ley serán multados con hasta 400 salarios mínimos o penados con hasta 5 años de prisión .
