NUEVA YORK.— La Administración de Zohran Mamdani deberá revisar la aplicación del impuesto a las segundas residencias de lujo, después de que un juez cuestionara las notificaciones enviadas a propietarios cuyas viviendas eran sus domicilios principales y no estaban sujetas al gravamen.
El magistrado Wayne Ozzi, de Staten Island, ordenó retirar del sitio web del Departamento de Finanzas (DOF) una lista que incluía nombres de propietarios, direcciones y valores de mercado de más de 900,000 inmuebles considerados inicialmente como posibles sujetos al recargo.
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La decisión permite reemplazar ese registro por otro que contenga únicamente a los propietarios obligados a pagar el impuesto.
El fallo responde a una demanda presentada en agosto por tres propietarios que recibieron cartas en las que se les informaba que sus viviendas estaban sujetas al cargo, pese a utilizarlas como residencias principales. También cuestionaron la publicación de sus datos en el portal del DOF.
Ozzi consideró que las notificaciones dirigidas a los demandantes eran arbitrarias y vulneraban sus derechos al debido proceso. Según el magistrado, la ciudad no realizó evaluaciones iniciales individualizadas para determinar cuáles inmuebles constituían residencias principales.
Por ello, dispuso que las autoridades utilicen la información fiscal más reciente disponible para efectuar ese análisis, tanto en el ejercicio fiscal actual como en los siguientes.
Los demandantes sostuvieron que solo 24,000 propiedades de la ciudad cumplen los umbrales de valor establecidos por el impuesto y que la mayoría son primeras residencias. Afirmaron, además, que la ciudad envió notificaciones a más del 70 % de esas viviendas.
El gravamen, conocido como “pied-à-terre”, fue aprobado en mayo por los legisladores del estado de Nueva York. Abarca segundas residencias en inmuebles de una a tres familias valorados en al menos cinco millones de dólares, así como cooperativas y condominios con un valor de un millón de dólares o más.
La ciudad apeló la decisión y anunció que solicitará la suspensión de la orden judicial. En un comunicado, defendió la aplicación del recargo, sostuvo que ha actuado conforme a la ley y calificó el fallo de erróneo.
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