Bogotá.- La Procuraduría General de Colombia pidió investigar el asesinato de Julián Hincapié, periodista comunitario y defensor de derechos humanos del municipio de Anorí, en Antioquia, cuyo cuerpo fue hallado el 2 de octubre tras permanecer tres semanas desaparecido.
El procurador Gregorio Eljach reclamó a las autoridades esclarecer el caso e identificar a los responsables del crimen. También llamó a proteger la vida e integridad de periodistas y comunicadores en el país.
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“La libertad de prensa no puede ejercerse bajo ninguna amenaza o presión”, expresó Eljach.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Hincapié fue reportado como desaparecido el 10 de septiembre en el sector de Las Lomitas. Tres semanas después, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en La Chinca, una zona rural ubicada a unos 15 minutos del centro de Anorí.
Indepaz advirtió que la expansión territorial del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, genera enfrentamientos con otros grupos armados ilegales y aumenta los riesgos para los habitantes de la zona.
La organización señaló además que la población enfrenta amenazas asociadas al control armado, la intimidación, el reclutamiento de menores y la presencia de artefactos explosivos.
El asesinato de Hincapié se suma a los casos de los periodistas Mateo Pérez y Cristian Herrera, quienes fueron asesinados en mayo y junio, respectivamente, en hechos violentos mientras ejercían su trabajo.
La Defensoría del Pueblo indicó que este es el tercer homicidio conocido de un periodista o comunicador en Colombia durante 2026, situación que incrementa la preocupación por las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo y la comunicación comunitaria.
La entidad expresó solidaridad con la familia de Hincapié y con las organizaciones sociales que acompañó mediante su labor como comunicador.
También pidió a las autoridades adelantar con celeridad una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su muerte, identificar a los responsables y determinar si el crimen estuvo relacionado con su trabajo como comunicador o defensor de derechos humanos.
“La defensa de los derechos humanos y la comunicación comunitaria deben poder ejercerse sin miedo y con garantías efectivas para la vida, la integridad y la libertad de expresión”, expresó la Defensoría.
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