Puerto Rico enfrenta una paradoja migratoria: los dominicanos constituyen la principal comunidad extranjera en la isla, pero una parte importante vive entre la invisibilidad estadística, la discriminación y el temor a las deportaciones.
Los datos más confiables provienen del Censo de Estados Unidos y del American Community Survey. Según el Public Use Microdata Sample, la población de origen dominicano se estimaba en 54,497 personas en 2020 y en 53,918 para 2023.
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Esa comunidad representa el 58.5% de toda la población nacida en el extranjero en Puerto Rico y cerca del 60% de la población migrante, estimada en unas 60,000 personas por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
El 90% de los dominicanos residentes en la isla nació en República Dominicana y solo el 7% nació en Puerto Rico. Se trata, además, de una comunidad mayoritariamente femenina: 58% mujeres y 42% hombres, con una mediana de edad de 49 años, ocho más que la mediana puertorriqueña, situada en 41 años.
Las cifras oficiales solo recogen a la población documentada. En 2010, el Censo registró 68,036 dominicanos legales, pero organizaciones estiman que, al incluir a personas indocumentadas, la cifra podría superar los 200,000. Esa diferencia marca el inicio de una invisibilidad estadística que afecta a miles de personas.
La concentración territorial también es marcada. Siete de cada diez dominicanos viven en apenas dos municipios: San Juan y Carolina. Según el ACS 2020, el 52.95% reside en San Juan, el 11.07% en Carolina y el 6.99% en Bayamón, mientras el resto se distribuye entre Trujillo Alto, Guaynabo, Caguas, Toa Baja y Canóvanas.
Estudios anteriores señalan que alrededor del 35% de la población dominicana vive en la zona norte de San Juan. Barrio Obrero, en Santurce, ha sido históricamente uno de sus principales centros comunitarios.
Allí, la música de vellonera, el merengue y la bachata han sido reemplazados por el silencio desde enero de 2025, en medio del temor generado por operativos migratorios.
Aunque socialmente invisibilizados, los dominicanos tienen un peso económico significativo. Según la consultora Estudios Técnicos, los inmigrantes dominicanos aportan alrededor de 1.7 billones de dólares a la economía puertorriqueña.
Buena parte de esa población ocupa empleos que otros sectores no asumen. En el período 2016-2020, el 41.6% de los empleados en el sector servicios era dominicano y el 22.2% trabajaba en comercio mayorista y minorista. En contraste, están subrepresentados en el sector público.
El trabajo por cuenta propia también tiene una presencia importante y está vinculado al sector informal, que algunos estiman en hasta el 30% del producto nacional bruto de Puerto Rico.
La invisibilidad no es solo migratoria. También tiene componentes raciales y sociales. Estudios académicos han documentado por décadas que la imagen del dominicano en Puerto Rico suele estar marcada por estereotipos que lo presentan como pobre, ignorante, delincuente o carente de recursos.
Investigaciones de psicología social señalan que el Estado y los espacios de interacción social tienden a invisibilizar el conflicto intercultural, dejando a la comunidad dominicana en una posición de vulnerabilidad. La nacionalidad se convierte en un elemento discriminante, asociada con la feminización y la negritud.
Un estudio clásico resume esa condición al señalar que los inmigrantes indocumentados se han convertido en el chivo expiatorio de la sociedad puertorriqueña: “Pobres, prietos y extranjeros”.
También existe una brecha racial en la percepción. Mientras muchos dominicanos se autodefinen como “indios”, gran parte de la sociedad puertorriqueña los identifica como negros o mulatos, lo que dificulta su integración.
Esa vulnerabilidad se intensificó con el segundo gobierno de Donald Trump. Desde el 26 de enero de 2025, ICE inició redadas en Barrio Obrero, donde agentes entraban a negocios preguntando por documentos.
“La situación está que ahora mismo en Barrio Obrero no hay vida, muchos negocios cerrados”, relató el dominicano Eleudy Mercedes a un medio local.
Los datos oficiales indican que entre el 1 de enero y el 7 de junio de 2025 ICE arrestó a 568 inmigrantes sin estatus en Puerto Rico, de los cuales 421 eran dominicanos. Solo desde enero, al menos 149 dominicanos habían sido arrestados.
El impacto ha sido inmediato. Comercios reportan locales vacíos, con hasta el 90% de sus clientes dominicanos evitando salir por temor. Una cafetería pasó de vender 700 dólares a 300 dólares en una mañana.
También se han registrado escuelas con pupitres vacíos, consultas médicas sin pacientes y un deterioro en la salud mental de la comunidad. EFE reportó un aumento en la búsqueda de ayuda psicológica y en los intentos de suicidio.
“Muchas personas, incluso yo también estoy afectado psicológicamente por el tema de la deportación”, dijo Gerard Hernández desde la Plaza Barceló.
José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, denunció una “persecución selectiva, xenofóbica y racista” que, según advirtió, puede generar una crisis económica y humanitaria al afectar sectores como la construcción, el cuidado de ancianos y el trabajo doméstico.
Entre los grupos más vulnerables figuran mujeres con visas temporales por violencia doméstica, víctimas de agresores ciudadanos estadounidenses, que temen llevar a sus hijos al médico por miedo a las deportaciones.
A esa invisibilidad se suma otra más grave: la de quienes mueren en la ruta migratoria por el Canal de la Mona y nunca son contabilizados.
El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones reportó 269 muertes o desapariciones en el Caribe en 2022. Obmica registró 91 víctimas en 2023 solo en la ruta República Dominicana-Puerto Rico, considerada la segunda más mortal del Caribe.
La OIM ha descrito estos casos como “naufragios invisibles”, por la falta de información y registro. En comunidades como Miches, Sabana de la Mar y El Valle aún se reportan historias de personas que salieron y nunca llegaron ni regresaron.
La Guardia Costera continúa interceptando embarcaciones precarias. En un operativo reciente repatrió a 51 migrantes, entre ellos 34 dominicanos y 17 haitianos, que viajaban en lanchas sin salvavidas.
La historia dominicana en Puerto Rico tiene dos etapas principales: una migración legal de clase media y alta en los años 60, integrada por profesionales como médicos y arquitectos, y una migración mayormente pobre e indocumentada desde finales de los años 90, asociada a los viajes en yola.
Hoy, esa segunda ola sostiene sectores esenciales de la economía, paga impuestos y abre negocios, pero vive con la percepción de que debe resignarse antes de pedir ayuda, convencida de que por ser inmigrante o carecer de documentos se le negarán servicios.
Una pastora de Barrio Obrero resumió en mayo de 2025 el cambio que vive la comunidad: “Antes a esta hora ya se oían las velloneras… Se cantaba salsa: Del Barrio Obrero a la 15, un paso es… Pero ya no. Meses de redadas han silenciado este vecindario”.
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