Una discusión entre vecinos puede iniciar como un problema de convivencia, pero en República Dominicana varias disputas por parqueos en zonas residenciales han terminado con personas heridas, muertes y condenas de hasta 30 años de prisión.
El caso más reciente se registró en el residencial El Sembrador I, en Ciudad Juan Bosch, municipio Santo Domingo Este, donde videos difundidos este martes muestran a un conductor impactando un vehículo estacionado y luego discutiendo con residentes.
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En otra grabación aparece un hombre portando lo que aparenta ser una escopeta y municiones. Algunos residentes denunciaron amenazas, aunque hasta el momento las autoridades no han ofrecido una versión oficial del hecho.
Antecedentes de violencia por estacionamientos
Los conflictos por espacios de estacionamiento han figurado en varios expedientes de homicidio y violencia en el país.
Uno de los casos más recordados ocurrió en noviembre de 2011, en un condominio de Piantini, donde el empresario Guillermo Moncada Aybar murió tras recibir 12 disparos durante una disputa por un parqueo con Rafael González Álvarez, otro residente del edificio.
González fue condenado posteriormente a 18 años de prisión. El caso provocó una reacción colectiva dentro del condominio, donde vecinos colocaron mensajes de rechazo a la violencia.
Tres años después, en Santiago, Edwin Rafael Henríquez Toribio, psicólogo y enfermero, fue ultimado a tiros tras una discusión con Nelson Alberto Ozoria Pantaleón, luego de que un vehículo fuera estacionado frente a la marquesina de su vivienda. Su esposa y su suegra también resultaron heridas.
En 2015, Ozoria Pantaleón fue condenado a 20 años de prisión y al pago de RD$2 millones de indemnización.
Otro caso ocurrió en 2014, en Manoguayabo, cuando un teniente coronel retirado de la Policía mató de diez disparos a Ramón Antonio Díaz Ureña, después de una discusión porque ambos pretendían estacionarse en el mismo lugar en una estación de combustible.
Condenas y casos recientes
En junio de 2018, Johnny Pérez Cepeda, dirigente comunitario de Gascue, fue asesinado tras una discusión previa por un parqueo con su vecino Sonari Labrada Amor.
Según la acusación del Ministerio Público, Labrada siguió posteriormente a Pérez y le disparó varias veces. Los fiscales lograron demostrar premeditación, y en febrero de 2019 fue condenado a 30 años de prisión y al pago de RD$2 millones a los hijos de la víctima.
Los hechos no corresponden únicamente al pasado. En junio de este año, Ciro Valdez murió luego de permanecer varios días hospitalizado tras ser agredido con arma blanca durante una disputa entre vecinos por un estacionamiento en el residencial Pablo Mella Morales, en Los Alcarrizos.
Un mes después, una mujer resultó herida de bala en Verón-Punta Cana durante otro supuesto conflicto por un parqueo. El presunto agresor fue detenido por las autoridades.
Posibles consecuencias penales
Desde agosto de 2026 está vigente el nuevo Código Penal dominicano. Su artículo 267 establece que quien destruya, degrade o deteriore intencionalmente un bien ajeno puede recibir de seis meses a un año de prisión, además de multa.
La pena puede aumentar de uno a dos años bajo determinadas circunstancias. Por ello, si se comprobara que un vehículo fue usado deliberadamente para impactar otro automóvil, podría discutirse la figura de daño intencional a propiedad ajena.
Si el choque fue accidental, el análisis correspondería a las reglas de tránsito, responsabilidad civil y seguros.
El nuevo Código Penal también regula con mayor detalle las amenazas. El artículo 154 considera amenaza el anuncio, mediante palabras, gestos, escritos o cualquier otro medio, de la intención de causar un daño cuando las circunstancias hagan creíble que podría ejecutarse.
Una amenaza de muerte puede conllevar de uno a dos años de prisión. Si existe una exigencia o condición y el autor porta visiblemente un arma, la pena prevista puede alcanzar de dos a cinco años.
Porte de armas no autoriza intimidación
La Ley 631-16 diferencia entre tenencia y porte de armas de fuego, y exige las licencias correspondientes. La posesión o porte ilegal de un arma de fuego de uso civil puede ser sancionada con penas de tres a cinco años, decomiso y multas.
Incluso cuando una persona tenga legalmente un arma, esa condición no la autoriza a utilizarla para intimidar a otra.
La misma legislación sanciona la exhibición evidente de armas en vías públicas con decomiso y penas de seis meses a un año. En el caso de un estacionamiento interior de un residencial, la aplicación concreta dependería de la naturaleza jurídica del espacio donde ocurrieron los hechos.
Fideicomiso dice Policía asumió investigación
Tras la difusión del incidente en Ciudad Juan Bosch, el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana informó que su equipo de seguridad acudió al residencial luego de recibir una alerta de la comunidad.
La entidad explicó que su personal recopiló las informaciones disponibles y las evidencias audiovisuales facilitadas por los residentes. También indicó que una patrulla de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional acudió a la zona tras una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
El fideicomiso señaló que la Policía Nacional asumió el caso y tiene a su cargo las investigaciones correspondientes.
La entidad recordó que la sana convivencia entre residentes es responsabilidad de la administración de cada condominio, seleccionada por sus propios habitantes. También indicó que, para que su equipo de seguridad intervenga ante una incidencia dentro de un residencial, la comunidad debe notificar lo ocurrido.
Asimismo, exhortó a los residentes a reportar cualquier incidente a través del 9-1-1, mediante su equipo de seguridad o por la plataforma Reporta con Conciencia.
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