WASHINGTON, D. C.- El allanamiento federal de la residencia de la congresista demócrata Ilhan Omar ha provocado nuevas especulaciones sobre el alcance de las investigaciones que enfrenta la representante de Minnesota, después de que el presidente de la organización conservadora Oversight Project, Mike Howell, afirmara que las autoridades podrían haber reunido pruebas importantes antes de solicitar la orden judicial.
En declaraciones recogidas por Fox News y publicadas el 17 de octubre, Howell sostuvo que la operación realizada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Departamento de Seguridad Nacional, podría ser el comienzo de nuevas revelaciones relacionadas con la trayectoria migratoria de la legisladora.
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El dirigente conservador fundamentó sus sospechas en que un juez federal de Washington autorizó el registro de la residencia de una integrante del Congreso, una decisión que, a su juicio, difícilmente se habría producido sin elementos suficientemente convincentes presentados por los investigadores.
Sin embargo, la autorización judicial de un allanamiento no establece la culpabilidad de una persona. Significa que un magistrado encontró causa probable para considerar que durante el registro podrían localizarse pruebas relacionadas con una investigación.
La operación se produjo mientras las autoridades federales examinan posibles irregularidades en los documentos migratorios de Omar, particularmente la información sobre su edad cuando llegó a Estados Unidos en 1995 y cuando obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000.
De acuerdo con la información publicada, los investigadores también están revisando documentos preparados por el fallecido padre de la congresista para determinar si contienen declaraciones incorrectas que pudieran haber influido en su proceso de adquisición de ciudadanía.
La investigación habría incluido más de una docena de citaciones judiciales, algunas dirigidas a familiares de la legisladora, con el propósito de obtener documentación y testimonios relacionados con su historial migratorio.
Uno de los aspectos centrales consiste en establecer si determinadas informaciones personales fueron registradas incorrectamente y, en ese caso, determinar quién proporcionó esos datos y si tuvieron consecuencias legales.
Por separado, la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó que su oficina examina las declaraciones financieras de Omar, un procedimiento distinto de la investigación migratoria.
Esta separación resulta importante porque las pesquisas sobre su situación migratoria no constituyen, por sí mismas, evidencia de irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.
El exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Jonathan Fahey planteó que los investigadores podrían estar buscando documentos más recientes en los que se hubiera repetido información presuntamente falsa.
Según explicó, aunque determinadas infracciones relacionadas con documentos antiguos pudieran encontrarse fuera de los plazos de persecución penal, declaraciones posteriores podrían generar responsabilidades independientes, dependiendo de las circunstancias y de las leyes aplicables.
Por su parte, Nicole Parker, exagente del FBI, advirtió que la situación jurídica sería diferente si los documentos cuestionados fueron preparados por el padre de Omar cuando ella todavía era menor de edad.
Parker consideró que esa circunstancia podría impedir atribuirle responsabilidad penal personal por posibles falsedades cometidas por su progenitor. No obstante, señaló que una eventual comprobación de fraude material en la obtención de ciudadanía podría abrir un debate jurídico distinto sobre su validez.
La organización Oversight Project también había cuestionado anteriormente una asignación presupuestaria de 1.031 millones de dólares respaldada por Omar para una iniciativa de la entidad Generation Hope MN en Minneapolis.
La controversia provocó objeciones de legisladores republicanos y terminó con la eliminación de esos fondos. Posteriormente, los senadores Mike Lee y Joni Ernst solicitaron que el Departamento de Justicia examinara las actividades de la organización.
No obstante, la eliminación de los fondos no constituyó una determinación de fraude, y tampoco se ha confirmado públicamente una conexión entre esa controversia y las investigaciones federales actuales.
Omar ha rechazado las acusaciones de irregularidades y sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump está utilizando los organismos federales de investigación contra adversarios políticos.
Su oficina calificó el registro de su residencia como un abuso de poder. La congresista también ha señalado antecedentes de evaluaciones éticas que recomendaron desestimar cuestionamientos relacionados con sus declaraciones financieras.
Hasta la publicación de la información de Fox News, no se habían anunciado cargos penales derivados del allanamiento.
Las próximas decisiones de los investigadores serán determinantes para establecer si las sospechas expresadas por Howell tienen fundamento o si el procedimiento termina sin acusaciones contra la legisladora.
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