Piden procesar a expresidente Moreno por cohecho en Ecuador
QUITO (AP) — La Fiscal General de Ecuador informó el miércoles que el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija y otras 33 personas estarían relacionadas con una red de corrupción transnacional, por lo cual solicitó a la Corte de Justicia que realice una audiencia de formulación de cargos en su contra por presunto cohecho.
La fiscal Diana Salazar aseguró en un mensaje difundido por canales y redes oficiales que la investigación de más de dos años en torno al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclaire, “da cuenta de una estructura de corrupción” por la cual la empresa china Sinohydro, a cargo de la construcción, entregó unos 76 millones de dólares “en coimas (sobornos) … canalizadas a través de terceras personas” mediante una “falsa imagen de servicios de consultoría y representación”.
Las acciones ilícitas se habrían producido entre 2009 y 2018, cuando Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. La asistencia penal de países como Panamá, Belice, Suiza, Estados Unidos, China y España fueron determinantes porque “coadyuvan a demostrar fehacientemente la configuración del delito y sus alcances fuera del territorio nacional”, aseveró Salazar.
La titular de la Fiscalía del Estado solicitó al organismo judicial fijar la fecha y hora para la audiencia en la cual formulará cargos en contra del exmandatario y su entorno familiar que incluye a sus dos hermanos y cuñadas, además de exfuncionarios estatales y dos exembajadores de China en Ecuador que en su momento representaron legalmente a la empresa. En total son 37 personas vinculadas.
El monto del presunto cohecho representa un 4% del valor de la obra contratada inicialmente por 1.979 millones de dólares pero que finalizó en 2.245 millones, detalló la fiscal. La investigación se abrió en marzo de 2019.
Moreno gobernó entre 2017 y 2021 y llegó al poder auspiciado por el entonces movimiento de su antecesor, Correa, luego de lo cual se convirtieron en opositores. Al concluir su mandato se radicó en Estados Unidos y desde 2022 se encuentra en Paraguay donde realiza gestiones relacionadas con la inclusión de sectores de la población con discapacidad.
