Hospital de Pensilvania pone en deportación médica a dominicana irregular en coma inducido por aneurisma después de una cirugía
NUEVA YORK._ El hospital Cedar Crest de Lehigh Valley Network con sede en Allentown, Pensilvania puso en deportación médica a una dominicana con estatus migratorio irregular (indocumentada) que se mantiene en un coma inducido en el nosocomio después de una cirugía que le complicó la salud por un aneurisma.
La dominicana, de 46 años de edad, madre de dos hijos y con esposo, fue ingresada en el centro asistencial el 29 de diciembre 2022 y la semana pasada el hospital dispuso de la orden que los expertos en leyes migratorias sostienen que es ilegal debido a que corresponde a un juez de inmigración decidir o no la repatriación de la paciente.
El aneurisma es una protuberancia o abombamiento anormal en las paredes de un vaso sanguíneo que se puede romper o reventar, lo que causa sangrado interno y a menudo la muerte
El coma se le indujo cuando sufrió un aneurisma a consecuencia de la cirugía.
Ante la negativa del hospital de cancelar su objetivo, varias organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, se han estado movilizando frente a las instalaciones del sanatorio y hoy miércoles 8 de marzo desde las 10:00 de la mañana continuarán las protestas a favor de la dominicana que ha sido identificada como “SC” para resguardarla de eventuales persecuciones.
La familia, encabezada por el esposo que se identificó con el nombre ficticio de “Junior Rivas”, rechaza también la posición del hospital y aseguran que de ser repatriada a República Dominicana con su condición de salud, morirá en su país natal.
El hospital alega que desde enero de este año ha estado buscando en 258 centros asistenciales para transferirla pero que no encontró ninguno disponible.
Los activistas por los migrantes de las organizaciones “CASA”, “Make The Road Pensilvania”, y “Free Migrant Project”, sostienen que los funcionarios del nosocomio asumen una actitud de crueldad frente a un caso que conmueve a todas las comunidades y en tres años, ha procesado tres deportaciones médicas.
El esposo señaló que el hospital le facturó $500 dólares diarios por los gastos de mantener a su esposa parcialmente atendida, y los denunciantes dicen que el centro no quiere pagar por el tratamiento para la recuperación de la dominicana.
“El hospital se niega a hacer un compromiso por escrito con la familia para anular la petición de deportarla”, dijo “Make Road Pensilvania” en una declaración escrita entregada a los medios.
El procedimiento al que fue sometida generalmente considerado de bajo riesgo, no salió como se esperaba debido a las complicaciones, por lo que el personal médico indujo a la mujer indocumentada a entrar en coma, según el esposo de la paciente.
Después de más de dos meses de tratar de encontrar un centro de atención a largo plazo para aceptar a esta paciente, los administradores del hospital ahora quieren transferir a la mujer a un centro de atención en la República Dominicana en contra de los deseos de su familia. Después de la primera protesta de la comunidad, el hospital concedió una extensión de siete días, pero no está claro si decidirá trabajar con la familia para encontrar otras soluciones.
Rivas, quien pidió que no se publicara su nombre real debido a su estatus migratorio, dijo que la logística para el cuidado de su esposa comenzó a ir hacia el sur cuando la administración del hospital comenzó a preguntar sobre la situación migratoria de su esposa.
El hospital rehúsa comentar alegando la privacidad de la paciente.
Una carta del hospital compartida con fechada el 1 de marzo indica que el administrador de casos del hospital se enteró de que la esposa de Rivas es ciudadana de la República Dominicana a principios de enero mientras investigaba opciones para continuar la atención.
La carta dice que iba a ser difícil encontrar un hospital de cuidados agudos a largo plazo porque tales instalaciones no aceptan asistencia médica o pacientes que no están legalmente en los Estados Unidos.
Funcionarios del hospital se reunieron con Rivas y sus hijos cada mes desde finales de diciembre.
El hospital contactó a la empresa privada de transporte médico “MedEscort”, que se especializa en lo que los hospitales denominan «repatriaciones médicas». Según la carta, el personal del hospital y MedEscort obtuvieron información adicional sobre el estado de la visa de la familia en una reunión el 6 de febrero.
«En este punto, explicamos que como su esposa no era una ciudadana válida, los centros de rehabilitación no la aceptarán para necesidades de atención a largo plazo. Durante esta reunión, explicamos cómo regresar a la República Dominicana con la ayuda de MedEscort, podría ser la única opción», dijo el hospital.
Rivas dijo a través de un intérprete en español que no quiere que su esposa viaje en avión mientras está en coma y le preocupa que pueda fallecer durante el viaje.
«Si llevo a mi esposa a la República Dominicana en el estado en que se encuentra ahora, ¿qué les diría a mis hijos?», dijo. «Voy a luchar hasta el final, para que mis hijos puedan decir, incluso si Dios decide llevarse a mi esposa, al menos papá hizo todo lo que pudo».
Además de encontrar otra instalación o dar su consentimiento para que su esposa sea trasladada a un hospital en la República Dominicana, Rivas tiene otra opción. La administración del hospital le dijo a Rivas que podía pagar $500 dólares por día por equipos para continuar el cuidado de su esposa en casa. Rivas dijo que no puede pagar ese costo.
La coalición de organizaciones ofreció apoyo a Rivas y su familia y trató de crear conciencia sobre las prácticas del hospital.
La semana pasada, unas pocas docenas de personas se reunieron para protestar por la intención del hospital de deportar a la esposa de Rivas.
Julio Rodríguez, director político de la Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania en Filadelfia, dijo que los manifestantes se encontraron con resistencia y que la seguridad del hospital los amenazó con llamar a la policía.
Daniel Cortés, un abogado de inmigración en Reading (Pensilvania) que ha estado asesorando a la familia, dijo que las deportaciones médicas o las transferencias médicas de pacientes indocumentados generalmente ocurren sin la participación del Departamento de Seguridad Nacional o agentes de la ley. Por lo general, hay otras opciones para los pacientes indocumentados sin seguro en los hospitales que están siendo presionados para dar su consentimiento para poner a sus seres queridos en un avión de regreso a su país de origen.
Rivas se reunirá con el hospital nuevamente esta semana para determinar los próximos pasos, pero no sabe si el hospital extenderá la estadía de su esposa mientras encuentra otro hospital.
Dijo que él se ha negado a firmar documentos para dar su consentimiento para que su esposa sea repatriada a la República Dominicana, y que un trabajador social del hospital le dijo que no se necesitaba una firma.
Un portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania dijo que los inmigrantes indocumentados pueden recibir Medicaid financiado por el Gobierno federal, también conocido como Asistencia Médica de Emergencia (EMA), para cubrir una condición médica de emergencia específica si el individuo cumple con los requisitos de ingresos, recursos y categoría del programa Medicaid de Pensilvania.
