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Golpes y abuso físico, entre las violaciones a derechos humanos de parte de policías de RD

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Las fuerzas de seguridad del Gobierno dominicano ejercieron tortura, golpes y abuso físico contra la población durante el 2022, según pruebas presentadas que dieron forma al informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El documento publicado este lunes señaló que tiene “informes creíbles” de que los miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno dominicano llevaron a cabo tales prácticas.

A pesar de que se tomaron medidas en algunos casos para enjuiciar y castigar a aquellos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, “la aplicación incoherente e ineficaz de la ley a veces condujo a la impunidad”, destaca el informe.

“Homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; detención arbitraria; injerencia arbitraria en la privacidad; corrupción gubernamental grave; y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”, son otros de los abusos contra los derechos humanos de las que el Gobierno estadounidense tiene evidencias que tienen lugar en República Dominicana, de acuerdo al estudio.

Con relación a los casos de tortura y abuso físico, el informe señala las muertes de los jóvenes José Gregorio Custodio, Richard Báez (el Peluquero) y David de los Santos, las cuales ocurrieron con varias similitudes a pocos días de diferencia y en las que se advertía abuso policial mientras estaban bajo custodia de los agentes. 

Los incidentes 

Richard Báez, un peluquero de 28 años, fue el primero que falleció en circunstancias ligadas a abuso policial. Murió en el hospital José María Cabral y Báez de Santiago varios días después de ser agredido por agentes que lo apresaron.  El reporte médico indicó que la causa de su muerte fueron golpes contusos en distintas partes del cuerpo.

En el caso de Custodio, residente en San José de Ocoa, falleció el 18 de abril de 2022 cuando fue llevado al hospital provincial desde el cuartel policial de San José de Ocoa, donde estaba prevenido bajo acusación de violencia de género.

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De acuerdo con el informe policial, Custodio fue llevado al hospital aquejado por un fuerte dolor de estómago, sin embargo, los familiares acusaron a los agentes del destacamento de “asesinos”. Alegaban que el cuerpo del hombre presentaba moretones.

La última víctima, David de los Santos, fue el caso que despertó la conmoción en la sociedad dominicana que reclamó con urgencia una reforma policial.

De los Santos fue conducido por policías al destacamento del sector Naco el pasado 27 de abril, luego de ser arrestado en una plaza comercial del Distrito Nacional. El joven, de 24 años, murió tras haber sido golpeado de “manera salvaje” mientras estaba bajo custodia policial.

“Los policías implicados en los incidentes fueron suspendidos y entregados a la Fiscalía General para su enjuiciamiento. El Ministerio del Interior y Policía reconoció públicamente los casos y volvió a comprometerse a implementar iniciativas de reforma policial”, señala el informe.

Abusos en Migración

El informe también señala actos violatorios a la integridad física en la Dirección General de Migración (DGM), que presenta un “trato duro y, a menudo, degradante” hacia los migrantes haitianos indocumentados y apátridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detención y deportación. Esto basado en las preocupaciones presentadas por diferentes organizaciones en el país.

Entre estas preocupaciones, el informe menciona “las detenciones arbitrarias, el abuso físico de los detenidos, entradas a domicilio sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad, robo de pertenencias personales por parte de agentes de Migración, niños que se mantienen en celdas con adultos, violencia sexual, acceso inadecuado a atención médica durante la deportación, la deportación ilegal de niños no acompañados y madres embarazadas o lactantes y otros tratos hostiles o abusivos”, subraya.

El informe señala que la designación de Venancio Alcántara Valdez, en la Dirección de Migración, en agosto pasado no representó un cambio en la forma de proceder de sus miembros. 

“En agosto, el gobierno nombró un nuevo director general de la DGM. Según observadores internacionales y de la sociedad civil, bajo el liderazgo del nuevo director general continuaron las prácticas y conductas problemáticas de los agentes de la DGM”, reza el documento.

La detención en septiembre de un ciudadano dominicano por funcionarios de Migración bajo el supuesto de que era haitiano, la denuncia de que varios agentes golpeaban con palos a dos ciudadanos haitianos en noviembre y una mujer que fue lanzada desde una camioneta en movimiento luego de ser detenida y discutir con varios agentes, son los casos de abuso que se presenta en el informe como evidencias.

“La impunidad siguió siendo un problema dentro de las fuerzas de seguridad, en particular la Policía Nacional y la DGM”, subraya el informe tras señalar la conformación de Comisión para la Transformación de la Policía Nacional, la cual presidió Luis Abinader y estuvo integrada por el ministro de la Presidencia, el ministro del Interior y Policía, representantes de la sociedad civil y un comisionado ejecutivo.

Dicha “comisión se encargó de implementar las recomendaciones del informe de diciembre de 2021  Mesa de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional , que, entre otras recomendaciones, llamó a actualizar los protocolos policiales basados en la ética, el servicio a la ciudadanía y la protección de los derechos humanos“, explica el informe.

Además, indica que los programas de capacitación para abordar los problemas relacionados con la impunidad estaban orientados para los agentes de la policía, sin embargo, “no hubo indicios de que el gobierno emprendiera esfuerzos similares para la DGM”.

Condiciones de las prisiones

El informe elaborado por el Departamento de Estado establece que las condiciones en las prisiones y centros de rehabilitación correccional (CRC) de la República Dominicana van desde el “el cumplimiento general de las normas internacionales en los CRC hasta condiciones duras y potencialmente mortales en las prisiones”.

El gobierno estadounidense subraya el hacinamiento, violencia, abuso físico y las malas condiciones sanitarias y de vida como los principales problemas que afectan a los privados de libertad en las prisiones del “antiguo modelo” penitenciario del país.

Indica que ninguna de las prisiones del modelo anterior en el país está debidamente equipada para brindar tratamiento contra el VIH y el Sida a los reclusos, a pesar de que la enfermedad fue la principal causa de muerte entre esta población. Los presos con problemas de salud mental tampoco son bien tratados en las cárceles dominicanas, ya que los servicios son inadecuados o inconsistentes con sus necesidades.

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