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Comienzan preparativos para juicio político al presidente Lasso en Ecuador

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Quito: Entre los convocados a rendir versión en el juicio político estarían el Contralor, el Procurador y la Fiscal. Entre las 20 pruebas documentales planteadas por la oposición no se especifica cuál de ellas corresponde a la causa de peculado, según Fernando Villavicencio.

Dentro de las 36 personas (entre funcionarios, exfuncionarios públicos, expertos petroleros, en contratación pública, entre otros) a las que inicialmente se convocaría  dentro del proceso de sustanciación del juicio político en contra  del presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado del presunto delito de peculado en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se sostiene que se espera contar con los  testimonios del Contralor, el Procurador y la Fiscal General.

En el proceso de interpelación, los asambleístas ponentes del juicio, Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática), también tienen previsto presentar 20 pruebas documentales, pero que según  Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, no se especifica cuál de ellas corresponde a la causa de peculado.

Por ello, el viernes 7 de abril, Villavicencio remitió un oficio a los jueces de la Corte Constitucional para que realicen un seguimiento del cumplimiento obligatorio de su dictamen de admisibilidad del 29 de marzo de 2023, que delimitó que el área del juicio sea sustanciada por presunto peculado, y no por concusión.

Esto, porque la acusación de los asambleístas de UNES, del PSC, Pachakutik y la ID se basa en que Lasso, en el ejercicio de sus funciones de presidente de la República, ”conoció y consintió la celebración de contratos de transporte petrolero en perjuicio de fondos públicos en una de las empresas públicas pertenecientes a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), entidad a la que el mandatario le dio amplias facultades”.

Según los acusadores, Lasso y Hernán Luque, exgerente de EMCO, definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo entre Flopec y Amazonas Tanker, “conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.

Sin embargo, Villavicencio recordó que se requiere de un informe previo y vinculante de la Procuraduría para que un contrato se suspenda.

 

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