Derechos Humanos acusa a policías de sustraer más de 100 mil pesos al triple homicida de Bonao
El presidente de los Derechos Humanos Sin Rostro, Eugenio Torres, solicitó a la Policía Nacional investigar la desaparición de una supuesta funda que contenía más de cien mil pesos en efectivo, propiedad del triple homicida de Bonao, que había sido sustraída por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) el día que sucedió la tragedia.
«Que aparezca el dinero con el que andaba el victimario que eran ciento y pico que estaban en una funda negra, que se ve un policía del Dicrim saliendo con la funda negra», sostuvo el activista de Derechos Humanos.
Se recuerda que al menos dos agentes de la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional fueron sancionados, «por actuar con negligencia», sin embargo se desconoce si también se les investiga por la denuncia realizada por el representante de la referida organización social.
En tal sentido, Torres sostuvo que si hubo robo de pertenencias, por parte de los agentes actuantes, no sólo deben recibir sanción disciplinaria de manera interna, sino que también deben ser llevados a la justicia ordinaria, planteó.
Los agentes sancionados son un segundo teniente y un cabo, quienes estaban presentes en el residencial Chamal ll en La Salvia, perteneciente al distrito municipal Los Quemados, cuando Carlos Julio Campusano Arias mató al vigilante del complejo, Basilio Lebrón.
En un video, filmado en el interior de dichas instalaciones, se muestra cómo el victimario pasa armado caminando entre dos policías, sin que estos intenten neutralizarlo.
«La seguridad que no pusieron el día que esta persona le quitó la vida a tres personas… que una de las víctimas estaría viva, y montándola a la patrulla de la policía, la policía la desmontó», agregó Eugenio.
En la fílmica, los agentes le ordenan a Campusano soltar el arma de fuego, llamado que éste ignoró y siguió su curso hasta la entrada del complejo, donde mató a Lebrón.
Previamente, el hombre había ultimado a tiros a María Juana Ortiz Portorreal, de 41 años, y a Mayra Mordán García, de 52, su esposa.
Además, el hombre había herido de bala en el hombro izquierdo a su hijo, Víctor Alfonso García, y con arma blanca a Wandy Tomás Bonifacio Ramírez, de 42 años, propietario de la residencia donde laboraba su esposa.
El triple homicida ya está en la cárcel de Cotuí, con medida de coerción consistente en tres meses de prisión, fue trasladado a la fortaleza Palo Hincado, en la provincia Sánchez Ramírez
