Delincuencia política salpica gobierno de Abinader incrementando la pobreza en RD

Nueva York: La delincuencia política ejercida por algunos funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader ha empañado el esfuerzo realizado por el mandatario para erradicar la corrupción administrativa de su administración con consecuencias desastrosas para el bienestar de los dominicanos que viven por debajo del nivel de pobreza en el país.

Según el Análisis de la encuesta de Cultura Democrática 2022-2023, el 58.4% de los dominicanos consideraron que los niveles de corrupción en el Estado aumentaron en 2023 con respecto al año anterior. Mientras todo esto sucede, la justicia está sorda, la prensa está ciega y los políticos callados.

A pesar de que la República Dominicana ha experimentado mejoras económicas y políticas en las últimas décadas, la corrupción administrativa sigue siendo un problema generalizado. En gran medida, la delincuencia política en el país se manifiesta a través de actos de corrupción, el desvío de fondos públicos y el uso indebido de influencias para proteger intereses personales o de grupo.

Un ejemplo clave de esta situación son los sonados casos de corrupción administrativa dentro del gobierno del presidente Luis Abinader, a pesar de que ha impulsado medidas para luchar contra la corrupción, su gobierno está plagado de casos controversiales como:  

• Caso INABIE (Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil)  Se denunciaron irregularidades en la adjudicación de contratos de suministro de alimentos para el programa de almuerzos escolares, lo que implicó a funcionarios de alto rango, incluyendo al director, Cecilio Antonio Rodríguez. La investigación incluyó sobreprecios en los contratos y favoritismo en la selección de suplidores por un valor superior a los 12 mil millones de pesos dominicanos. Todavía no se conocen las consecuencias judiciales del caso.

• Caso Contrataciones en el Ministerio de la Juventud: Kimberly Taveras, la entonces ministra de la Juventud, fue investigada por presunto enriquecimiento ilícito debido a contratos obtenidos a través de empresas de su propiedad antes de su ingreso al gobierno por un valor de RD$2,625,000.00 sin que hasta ahora se hayan establecido consecuencias.

• Acusaciones en el Ministerio de Educación:  una empresa propiedad de un actual funcionario del Banco de Reservas y otra compañía de un hombre que enfrenta un proceso judicial, se adjudicaron los contratos de venta de casi 30,000 equipos por más de 621 millones de pesos. Además, Fulcar fue acusado de un desfalco por RD$126 millones en la compra de butacas y más RD$116,160, 000 al año de unos supuestos nombramientos falsos. Roberto Fulcar fue removido del cargo,  no se ha concluido el proceso investigativo y no hubo acusación formal.

• Caso CESTUR (Cuerpo Especializado de Seguridad Turística): Se denunciaron irregularidades en el manejo de los fondos en CESTUR, incluyendo la malversación de recursos asignados para la seguridad turística por un valor de RD $603 millones 779 mil 505. Se identificaron malos manejos financieros que afectaron los recursos destinados a la protección de las áreas turísticas. El general Juan Carlos Torres Robiou fue destituido y la investigación está estancada en la  PEPCA.

• Caso Operación 13 (Sorteos irregulares en la Lotería Nacional): Se trató de un caso de fraude en la Lotería Nacional donde la red estafó a la institución más de RD$500 millones donde se manipuló un sorteo en mayo de 2021. Varios empleados de la entidad, incluyendo el administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, fueron arrestados por su presunta participación en el esquema. Aunque Dicent fue destituido y sometido a la  justicia por corrupción y fraude,  fue absuelto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado.

• Caso Operación Falcón: Implicó un desfalco para el Estado dominicano por más de 33.5 mil millones de pesos, según investigaciones de los últimos tres años Principalmente relacionado con el narcotráfico y el lavado de dinero, donde se involucró a figuras políticas y funcionarios públicos que presuntamente participaron en actividades ilícitas o facilitaron el tráfico de drogas.

• Irregularidades en el Plan Social de la Presidencia en 2021: Se denunciaron compras irregulares por parte del Plan Social de la Presidencia, particularmente en la adquisición de electrodomésticos y alimentos por más de 432 millones de pesos. Las irregularidades incluyeron sobrecostos y favoritismo en la asignación de contratos. El caso fue remitido a la “Cámara de Cuentos” para ser auditado y desde entonces está engavetado sin consecuencia para la delincuencia política.

Estos son solo algunos de los múltiples casos de corrupción administrativa en el gobierno que muestran que, a pesar de los esfuerzos del presidente Luis Abinader por combatir la delincuencia política , persisten desafíos importantes en cuanto a la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos en la República Dominicana.

La delincuencia política tiene repercusiones profundas en la sociedad, perpetuando la pobreza extrema y la desigualdad, ya que los recursos destinados al desarrollo del país son desviados hacia intereses privados. La falta de transparencia en el uso de los fondos públicos reduce la capacidad del gobierno para invertir en áreas esenciales como la educación, la salud y la infraestructura.

La delincuencia política debilita la confianza en las instituciones democráticas. La percepción de que los políticos están más interesados en su propio enriquecimiento que en el bienestar de la nación socava la participación ciudadana y promueve el cinismo político. Esto, a su vez, reduce la capacidad del país para implementar reformas significativas y construir un sistema de gobernanza eficiente y transparente.