Brotan como pus los actos de corrupción en el gobierno de Abinader y el PRM en RD

Nueva York: A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader por controlar la corrupción administrativa dentro de sus filas, la concupiscencia de algunos funcionarios parece estar fuera de control, socavando las iniciativas para erradicar estos males. De esta forma, los actos de corrupción en el gobierno del PRM y en la administración de Abinader brotan como pus por doquier, poniendo en evidencia la descomposición que afecta el aparato estatal.

Múltiples escándalos  de corrupción están en curso recientemente que  involucran a diversos funcionarios del gobierno con miles de millones de pesos con transacciones sospechosas en casi toda la geografía nacional que están causando preocupación pública sobre el uso indiscriminado de fondos estatales para proyectos de infraestructura y arrendamiento, una práctica que se ha vuelto alarmantemente común en varias instituciones públicas.

Muchos funcionarios han burlado las políticas de su propio gobierno, aprovechándose de la nueva modalidad de ganar coimas y sobornos, permitiendo sobrevaluaciones en terrenos y propiedades arrendadas. Esto ha generado una creciente indignación en la ciudadanía, que observa cómo algunos funcionarios se benefician de los recursos del Estado, mientras instituciones públicas adquieren propiedades a precios inflados, para beneficio propio de los funcionarios y de sus allegados.

Lo que parece ser una nueva modalidad de corrupción en la República Dominicana involucra la adquisición y alquiler de inmuebles por parte de instituciones públicas y sus responsables, quienes no dudan en asumir contratos de alquiler exorbitantes sin ningún tipo de justificación.

Esta desvergüenza ha quedado expuesta en diversas instituciones del gobierno, como la Dirección General de Pasaportes (DGP), que bajo la dirección de Lorenzo David Ramírez Uribe, aprobó el alquiler de un edificio por un total de casi RD$700 millones para un período de cinco años.

Otro caso alarmante involucra a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), dirigida por el flamante Bartolomé Pujals, quien firmó un contrato de alquiler que supera los RD$2,700 millones, un monto completamente desmesurado, en contraposición con los principios de austeridad anunciados por el gobierno.

A este panorama se suma el reciente escándalo de corrupción administrativa en la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH), dirigida por el Mayor General retirado del Ejército de Repúbica Dominicana, Juan Manuel Méndez García, que involucra el alquiler de ambulancias por RD$1,000 millones. Esta operación viola el artículo 238 de la Constitución, que establece los principios y criterios de asignación de los recursos públicos, evidenciando una nueva afrenta a los intereses del pueblo dominicano.

Si el presidente Luis Abinader no interviene de manera urgente para frenar el despilfarro de miles de millones de pesos en arrendamientos cuestionables, se verá en la obligación de rendir cuentas ante la justicia, pues estos escándalos no tardarán en alcanzar su despacho.

Estos son solo algunos ejemplos de los actos de corrupción administrativa que afectan al gobierno de Abinader y al PRM en la República Dominicana, y que se desarrollan bajo el silencio cómplice.