Román Jáquez y la JCE no acusaron a exfuncionarios que desviaron más de US$4.6 millones en el exterior
Nueva York: El actual presidente del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, el Director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda, y los miembros titulares entrantes Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa, así como los suplentes entrantes Dolores Vanahí Bello Dotel, Prado Antonio López Cornielle, Freddy Ángel Castro Díaz, Anibelca Rosario e Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, solo desvincularon al señor Cruz Herasme y a otros funcionarios de menor jerarquía por delitos graves encontrados en su propia auditoría. Esto, junto con una investigación del periódico El Faro Latino, reveló la pérdida de más de $4,618,696.76 dólares del fisco dominicano que desaparecieron sin ninguna consecuencia.
Fue un verdadero escándalo relacionado con el desvío de fondos destinados a cubrir las elecciones dominicanas en el exterior de 2020. Se sospecha que este tipo de irregularidades también se repitió en las elecciones de 2024. Mientras tanto, la JCE se niega a entregar los documentos financieros solicitados por El Faro Latino en octubre, bajo el amparo de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, como parte de una investigación periodística en curso.
En el caso de 2020, se detectaron sumas millonarias en comprobantes no sustentados, sin firmas ni sellos que los aprobaran. Además, se desconocía quiénes habían erogado los recursos, y los montos pagados en algunos casos excedieron los límites establecidos por las licitaciones públicas, sin contar con las aprobaciones necesarias antes y después del proceso. Los pagos a los funcionarios y facilitadores de los colegios electorales no se realizaron conforme a las normativas aprobadas, y se realizaron pagos adicionales al presidente y secretario de estos colegios. También se desembolsaron fondos que beneficiaron al director del voto de los dominicanos en el exterior, quien ya había recibido pagos para cubrir sus gastos de viaje.
También se utilizaron recursos electorales en gastos posteriores al proceso electoral, registrados en una remisión con fecha del 30/12/2020, los cuales no fueron registrados en el sistema automatizado. Además, se encontraron papeles de seguridad OC-8 que no fueron utilizados y talonarios de cheques usados después de que el Bank of America cerrara las cuentas de la JCE por el mal uso de cajeros automáticos, con retiros superiores a los 800 mil dólares. Igualmente se identificó la usurpación de funciones del director del voto en el exterior para controlar los recursos desfalcados en la OPREE de Nueva York.
Los actos ilícitos también incluyeron la suplantación de funciones administrativas y el desconocimiento de la normativa aprobada, lo que dejó en evidencia que algunos funcionarios recibieron órdenes directas del director del voto en el exterior. Los montos pagados excedieron las licitaciones públicas sin contar con aprobaciones requeridas, y los desembolsos adicionales no fueron debidamente documentados.
Aunque el informe de la propia JCE señala que los funcionarios responsables en el proceso electoral de 2020 no cumplieron con sus responsabilidades, el nuevo Pleno, encabezado por el magistrado Jáquez Liranzo y los mencionados miembros titulares y suplentes, no tomó acciones legales contra los infractores. Esta inacción, según el artículo, podría constituir una violación a numerosos artículos del Código Penal Dominicano y otras leyes relacionadas con la sustracción y desfalco de fondos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no actuó sobre los casos de corrupción mencionados, y la JCE también se ha negado a entregar documentos financieros relacionados con las elecciones de 2024. Esto ha llevado a considerar la posibilidad de conectar los presuntos delitos financieros de 2020 con los de 2024 para abrir un proceso judicial en Estados Unidos, ya que los fondos desfalcados involucraron el uso de sistemas financieros estadounidenses, como el Bank of America, que cerró las cuentas de la JCE por utilización ilegal que involucró un posible acto de lavado de activo, retirando de forma indiscriminada una suma superior a los 800 mil dólares de cajeros automáticos en los días previos a las elecciones.
En conclusión, el manejo opaco de los recursos públicos por parte de la JCE y la falta de acción legal contra los responsables dejan abierta la posibilidad de una investigación judicial en Estados Unidos ante la falta de transparencia judicial en la República Dominicana donde la corrupción y la impunidad parecen haber prevalecido en este caso, afectando la confianza en las instituciones y en la transparencia del sistema electoral dominicano.
