Crisis Legal tras el Decretazo de Trump sobre Ciudadanía
La batalla legal en Estados Unidos se intensifica tras un controvertido decreto firmado por el expresidente Donald Trump, que tiene como objetivo bloquear la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos de padres no ciudadanos. Esta medida ha suscitado un gran revuelo y ha llevado a 22 Estados a presentar demandas para impugnar su validez.
El decreto de Trump se basa en el argumento de que los hijos de no ciudadanos no están «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos, un punto que ha sido ampliamente criticado por diversos grupos de derechos civiles y abogados constitucionales. La Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país, lo que coloca el decreto en una posición legal precaria.
Un total de 18 Estados y el Distrito de Columbia han decidido simultáneamente presentar su caso ante un juzgado federal, buscando anular la medida que podría cambiar radicalmente la interpretación de la ley de ciudadanía en el país. Junto a ellos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha aumentado el desafío legal al interponer una demanda en el estado de New Hampshire, resaltando la potencial inconstitucionalidad del decreto.
Estos esfuerzos legales representan más que una simple disputa jurídica; son parte de una lucha más amplia sobre los derechos civiles y la igualdad ante la ley en Estados Unidos. A medida que se inicia esta nueva fase en la guerra judicial, se espera que el asunto despierte un renovado debate sobre la política de inmigración, la ley de ciudadanía y los principios fundamentales de la Constitución.
Este enfrentamiento entre el gobierno y los Estados pone de relieve la profunda división en el país sobre estos temas, así como la determinación de muchas jurisdicciones de defender lo que consideran derechos fundamentales de sus ciudadanos y residentes.
