Sentencia histórica en Paraguay: exministro condenado por torturas durante un golpe de Estado fallido
En una decisión que marca un hito en la lucha contra la impunidad en Paraguay, Walter Bower, exministro del Interior, ha sido condenado a 15 años de prisión por torturas infligidas a funcionarios de la policía durante los sucesos que rodearon un intento de golpe de Estado en el año 2000. El fallo, emitido por un tribunal de Asunción, también involucra a otros dos condenados: Merardo Palacios y Osvaldo Vera, quienes recibirán penas de 12 y 6 años de cárcel, respectivamente.
Los actos de tortura fueron denunciados por los policías Alfredo Cáceres y Jorge Luis López, quienes relataron haber sido víctimas de estos abusos durante la detención provocada por el fallido golpe contra el entonces presidente Luis González Macchi en mayo de 2000. Según informes, ambos agentes sufrieron maltratos físicos y psicológicos en manos de sus captores, lo que desató un proceso judicial que conducía a la condena actual.
El caso ha tenido un impacto significativo no solo en Paraguay, sino también en la comunidad internacional. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado paraguayo por detención ilegal y tortura, lo que obligó a las autoridades locales a revisar tanto el caso como el contexto en el que se dieron estas violaciones de derechos humanos. La sentencia de este caso es vista como un paso hacia la justicia, que por muchos años había sido eludida en el país.
Los tres condenados deberán cumplir sus penas en la prisión militar de Viñas Cué, una instalación que ha sido objeto de críticas en el pasado por las condiciones en las que se encuentran los reclusos y por su gestión. Esta sentencia representa una oportunidad para que las autoridades refuercen su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la justicia social en Paraguay.
De acuerdo con expertos en derechos humanos, este juicio y su resolución son cruciales para reconstruir la confianza del público en las instituciones de justicia. La condena de Bower y sus cómplices también envía un mensaje claro: la violencia y la tortura no quedarán impunes, y aquellos responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas por sus actos.