VIDEO: CONANI mantiene secuestro de bebé estadounidense en RD bajo un adefesio jurídico

Nueva York – La intolerancia y la insensibilidad parecen haberse apoderado del corazón de Ligia Jeannette Pérez Peña, directora nacional del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), y de Daniela Guerrero, directora regional-Barahona del mismo organismo, funcionarias del gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM. Ambas mantienen, bajo un secuestro en curso, a una niña estadounidense utilizando un adefesio jurídico dictado por Manuel Emilio González, juez de la 2da Sala Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona.

El mes de enero de 2025 se conoció la acción de amparo interpuesta por los abuelos de la menor secuestrada, Manuel Odalis Ramírez Arias y la señora Brígida Alcántara, contra el CONANI, quienes cuentan con comprobadas condiciones morales y económicas para velar por el bienestar de la niña.

Ver artículo relacionado: El Faro Latino pide a Abinader frenar el secuestro judicial de una niña estadounidense en CONANI Barahona

A pesar de que se demostró en el tribunal que no existe una sentencia administrativa dictada por la Dra. Elidermia Ortiz Vargas, jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Barahona, que legitime el operativo del CONANI que arrebató a la menor de los brazos de su abuela el 7 de diciembre de 2024, el juez Manuel Emilio González Castillo, el lunes 27 de enero de 2025, dispuso la suspensión de la audiencia y una nueva comparecencia para el 12 de febrero de 2025 a las 9:00 a. m.

Además, otorgó al CONANI un plazo de 10 días para realizar los “estudios sociológicos” de la señora Julia Feliz Feliz, abuela materna, presente en la sala, para determinar si ella cumple con las condiciones económicas y psicológicas para garantizar el bienestar de la niña. Esto, como si el CONANI estuviera proporcionando un mejor ambiente que el hogar de la niña en Nueva Jersey, Estados Unidos, junto a su madre.

No ha sido suficiente el pedido de la madre de la menor, Yadelin Yelissa Feliz Feliz, al propio presidente Luis Abinader, para que se apiade de la niña, quien corre un peligro inminente debido a su delicada condición asmática.

Debe leer este artículo relacionado: Madre de niña estadounidense solicita al presidente Abinader investigar presunto secuestro en CONANI-Barahona

Tampoco ha sido suficiente la protesta de Manuel Odalis Ramírez Arias, abuelo de la niña, quien en posesión de un poder otorgado por la madre de la menor, se encadenó e intentó hacer una huelga de hambre. Su protesta terminó abruptamente con la intervención engañosa de Milton Emilio Fernández, alcalde del PRM en Barahona, quien hizo una falsa promesa que terminó legitimando la decisión del juez González. La comunidad de Barahona también salió a las calles a exigir la liberación de la niña.

A pesar de que la secretaria administrativa del Tribunal de Niños de Barahona desmintió al CONANI, afirmando en una entrevista con el periódico El Faro Latino que la sentencia administrativa no había sido emitida por la Dra. Elidermia Ortiz Vargas, el proceso a todas luces ilegal,  sigue su curso.(ESCUCHAR AUDIO)

La abuela materna, señora Julia Feliz Feliz, viajó desde España hasta la República Dominicana para recibir a la niña y presentó ante el tribunal pruebas de solvencia económica y moral. Sin embargo el CONANI  ha pedido una evaluación psicológica y condiciones económicas de una persona que ha viajado desde Europa para rescatar la niña y ha preferido dejarla a merced de los inseguros hogares de acogida de la institución.

Lea también: Se complica el caso de niña estadounidense retenida en Barahona; CONANI rompe el silencio

El periódico El Faro Latino también hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga y ponga fin a este secuestro, dado que el CONANI no cuenta con una sentencia administrativa del Tribunal de Niños que justifique la retención de la bebé.

Directoras del CONANI procuran un adefesio jurídico para proteger sus acciones ilegales

En lugar de actuar con responsabilidad y poner fin al drama humano que han causado a la familia de la niña, Ligia Jeannette Pérez Peña y Daniela Guerrero, directoras del CONANI, se valieron de una maniobra judicial para mantener de forma ilegal la custodia de la bebé, que fue arrebatada a la familia por una orden de Sonia Herasme, fiscal de Barahona.

Sonia Herasme, Procuradora Fiscal de Barahona.

El salón de audiencias estaba abarrotado de ciudadanos que acudieron a apoyar a la familia, lo que llevó a los abogados del CONANI y a la fiscalía a pedir que se desalojara la sala por razones de “privacidad para la niña” y porque, según ellos, no se sentían seguros. Aunque esta petición fue rechazada por los abogados de la defensa de la familia, el juez Manuel Emilio González ordenó el desalojo de la sala y comenzó un proceso privado de conciliación, el cual, según la familia, fue excesivamente permisivo.

Para algunos juristas, el procedimiento llevado a cabo por el juez González constituyó un verdadero adefesio jurídico, no solo por admitir el erróneo procedimiento presentado por el CONANI y la fiscalía, sin ni siquiera tener una sentencia que le autorice a retener a la niña,  sino también por el desconocimiento absoluto del juez sobre el carácter urgente de una acción de amparo.

Según el abogado y director del periódico Ahora Noticias RD, Carlos Lugo, “la audiencia se evidenciaba más como una demanda civil que como una acción de amparo, dado el trato dado por este magistrado, lo cual culminó con el CONANI y la procuraduría torciendo el brazo de la justicia representada por ese juez.

Además, durante la audiencia se observó una contradicción importante: la orden judicial que ampara al CONANI para retener a la niña está fechada el 10 de enero, pero, según declaraciones en la misma sala de audiencias, la fiscalía retiró a la menor el 7 de enero, lo que pone en evidencia la irregularidad de los procedimientos y genera más dudas que respuestas. Esto es peor aún, porque el Tribunal de Niños niega que esa sentencia exista, lo que sugiere entonces una falsificación de la misma para retener de forma ilegal a una niña que es reclamada por sus parientes.