Propuestas Bomba del Programa de Abelardo de la Esperilla

El programa de gobierno de Abelardo De la Espriella se llama “País Milagro” “Colombia tiene todo para ser una gran nación y aquí estamos nosotros para hacerlo porque nosotros no somos mercaderes de ilusiones somos empresarios de realidades”, dice De La Espriella. 

Sus principales puntos están condensados en un documento de pocas páginas y en modo de bullets. Seguridad, austeridad y economía parten como los ejes. Sus principios rectores son “la extrema coherencia: no es una ideología de extremos, es el sentido común aplicado a la nación”, dice el programa. Los conceptos que guían este “sentido común” son: familia, propiedad, trabajo, fe y seguridad. 

El programa de gobierno tiene similitudes con los de presidentes referentes de De la Espriella como Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador.  

Sobre cómo se llevarán a cabo los cambios hay pocos detalles. Una vía es por decreto. El candidato afirma que en los primeros días de su gobierno firmaría 90 decretos, haciendo un uso amplio del poder ejecutivo para implementar su propuesta. Sin embargo, promete “Respeto absoluto a la Constitución y a la autoridad legítima”. 

Reducir al Estado en un 40%

De La Espriella propone un recorte sustancial al Estado. Pasar  la “motosierra” como planteó Milei en Argentina para reducir gastos. La meta, dice, es del 40% del gasto del Estado. “Un país pobre como este no puede ser el primer empleador”, afirma el candidato. 

En su “reforma Integral del Estado”, el programa promete una “reducción del tamaño estatal, ahorro anual de $25-30B, eliminación de ministerios inútiles y burocracia  clientelista que asfixia al país. Implementación de meritocracia estricta con  estándares internacionales de eficiencia. Auditorías implacables y cero tolerancia a la  corrupción en el gasto público. Transformación del Estado en una máquina de  resultados para el ciudadano”. 

Según De La Espriella al Estado le sobran unos 700 mil funcionarios y contratistas. Solo en funcionarios públicos, en el Estado trabajan 1,4 millones de personas, la mayoría policías y militares. A eso se suman 146 mil contratistas, de los cuales 64 mil trabajan en el Ejecutivo, a corte de 2024. 

Según De La Espriella, al eliminar ministerios y entidades administrativas se puede prescindir de ese número de personas, que son casi la mitad de todos los funcionarios públicos, incluyendo el cerca de medio millón de uniformados. 

De la Espriella afirma que estos trabajadores “no van a quedar a la deriva”. Su propuesta dice que, al reducir el tamaño del Estado y bajar los impuestos, se fortalecerá al sector empresarial, el cual debería absorber esta fuerza laboral en un entorno de mayor productividad. 

La propuesta implica desafíos para su implementación. Porque Colombia tiene una estructura estatal con una alta inflexibilidad. Por ejemplo, muchos de esos empleados— además de los soldados y policías que dice que aumentará– son maestros y trabajadores de planta cuyos empleos no se pueden eliminar. Además, tendrá las mismas obligaciones constitucionales amplias en salud, educación, transferencias territoriales, pensiones y atención social. 

Construcción de 10 megacárceles para luchar contra los “bandidos”

El candidato propone la edificación de diez centros penitenciarios de gran escala en todo el país, simulando lo que hizo Bukele en El Salvador. Las megacárceles buscan asegurar que los “bandidos” no queden libres por falta de cupos o fallas en el sistema judicial y que no puedan seguir delinquiendo desde los centros de reclusión. 

De La Espriella acompaña la propuesta de una normativa  “temporal” que permita capturar, judicializar y no dejar salir de la cárcel a delincuentes.

“Necesitamos una legislación temporal especial que nos permita atacar esa pandemia criminal de la mejor forma y eso hay que hablarlo y hay que tratar de buscar una salida con la Rama Judicial porque como bien lo he señalado la situación de Colombia no es normal es una situación completamente anormal insisto es una pandemia criminal”, dice.

De La Espriella no ha especificado a qué se refiere con una “normativa temporal” para meter más gente a la cárcel. En efecto, necesita de una reforma a la Rama Judicial que tendría que ser aprobada por el Congreso y seguramente tendría control constitucional de la Corte. 

El concepto ha hecho parte de la receta de los gobiernos de derecha en los que busca espejos, y que han sido cuestionados por organizaciones internacionales, incluyendo al OEA, por violaciones de derechos humanos. Bukele en El Salvador decretó un Estado de Excepción para atacar a las bandas locales y José Antonio Kast decretó un Estado de Emergencia en Chile recién se posesionó. La Comisión Interamericana de Derechos ha pedido levantar el estado de excepción de El Salvador, ya que lleva más de cuatro años sin una justificación clara, según el informe.  

Blancos de alto valor y fortalecimiento de las fuerzas armadas

De La Espriella promete recuperar el control territorial y acabar con cualquier diálogo de paz con grupos armados. Para eso, plantea una especie de “Plan Colombia II” y traza objetivos de corto plazo en la lucha contra esos armados. 

“Tenemos que retomar los territorios con lo que tenemos por ahora porque voy a recibir una fuerza pública desmoralizada desfinanciada y ahí le sale otra pata a la mesa nosotros necesitamos renovar una alianza estratégica con los Estados Unidos y con el estado de Israel”, dice. 

Para eso, promete reducción del 50% de la violencia como impacto directo de la política de  seguridad y el control total  del territorio nacional. 

El control territorial, dice De La Espriella, incluye retomar los bombardeos. “Hay que bombardear los campamentos narcoguerrilleros”, dice.  Sostiene que esta acción es necesaria en departamentos como el Cauca. Para ejecutar estas operaciones, De La Espriella propone reactivar y “afinar” la inteligencia militar.

Militares retirados como “primera línea” de seguridad

Como parte de su eje programático de seguridad, De La Espriella propone la creación de una “primera línea de seguridad” conformada por veteranos y reservistas de la fuerza pública

El objetivo, dice, es trabajar conjuntamente con la ciudadanía y la fuerza pública para combatir delitos comunes como el robo de bicicletas, celulares y bolsos.  La plantea como una herramienta para recuperar los parques de los barrios, evitando que sean utilizados por bandas dedicadas al microtráfico

Esa “primera línea” de De La Espriella recoge la propuesta que hizo Rodrigo Lara Restrepo a la Alcaldía de Bogotá en 2023. 

Para el caso específico de Bogotá, De La Espriella promete que 82 mil veteranos que residen entren a reforzar la seguridad en los barrios. Lara fue el que propuso esa versión en la elección anterior, prometiendo a esos veteranos beneficios como exenciones al pico y placa o subsidios de movilidad. Aún no hay detalles de qué facultades tendrán estos grupos, cómo se las dará un eventual gobierno y cómo se controlarán, con el fantasma de las Convivir aún presente en Colombia. 

Promover la cadena perpetua a violadores de niños

De La Espriella se comprometió a impulsar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. “Para que sea el pueblo colombiano que decida mandar a la cárcel para siempre a los abusadores y asesinos de niños en Colombia”, dice. 

Es una pena que está prohibida en el artículo 34 de la Constitución por lo cual para habilitarla, entonces, debe hacerse una reforma constitucional. Hay dos caminos para aterrizar esa promesa: una reforma constitucional vía Congreso y un referendo. 

Abelardo le dio su guiño a la idea de referendo. No es una propuesta nueva, ha hecho parte del menú de sectores religiosos y de derecha. Es un camino que tiene varias fases: la primera es recoger las firmas, que deben ser el 10% del censo electoral, es decir, unos 4 millones. 

Recogidas las firmas debe presentarse un proyecto de ley en el Congreso, el cual debe aprobarse en cuatro debates con mayorías absolutas por ser una reforma constitucional. Si el Congreso aprueba esa ley, el proyecto entra en revisión de la Corte Constitucional, quien debe definir si es legal o no. 

Y solo si pasa esos tres filtros, el presidente puede convocar a los colombianos a votar el referendo. Para ser aprobado, el referendo debe ser votado por al menos una cuarta parte del censo, es decir, de unos 10 millones de personas. 

El otro camino es el de un proyecto de reforma en el Congreso. Pero es uno transitado. El gobierno de Iván Duque promovió un acto legislativo en ese sentido y la sacó adelante en 2021, pero la Corte Constitucional la tumbó señalando que la cadena perpetua no es una medida proporcional y que garantice los derechos de los afectados, pues no los protege de forma efectiva de situaciones como abusos sexuales, físicos, económicos y cualquier tipo de maltrato.

Eliminar la JEP

De La Espriella dice que la Jurisdicción Especial de la Paz es una “farsa” y promete eliminarla. Alimentando las quejas de sectores militares dice que el 8 de agosto buscará el camino para acabarla. 

“La JEP es un tribunal para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria, que pusieron el pecho para defender la constitución, la ley, la vida y honra, la integridad de los ciudadanos”, dice Abelardo.

Pero eliminarla de un tajo es una tarea compleja porque la JEP hace parte del andamiaje jurídico y constitucional. 

Por un lado, el Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, estableció que las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz tienen carácter obligatorio.

Y, por el otro, sacar a la JEP implicaría que organismos internacionales como la Corte Penal Internacional pueda meter mano en casos de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas militares. 

De La Espriella ha dejado abierta la puerta para suspender los efectos de la JEP vía decreto presidencial. Ese tipo de medidas tienen un control judicial.

Erradicar 330 mil hectáreas de coca

De La Espriella propone  “fumigación aérea” de 330 mil hectáreas, lo que significaría dejar al país sin cultivos ilícitos. Usa el concepto de “Pax Romana” para hablar de su estrategia, con la que promete retomar el control de zonas dominadas por grupos armados en 90 días. 

“No podemos hablar de lucha contra el narcotráfico si no hay aspersión y fumigación”, dice el abogado. Frente a las restricciones que le puso la Corte Constitucional al uso de glifosato, dice que hay otros “bioherbicidas” que se podrían usar, aunque cuesten más. “Eso hay que acabarlo porque la cocaína es la fuente de todas las fuentes de violencia”, agregó. 

Erradicar 300 mil hectáreas es un reto grande logístico, legal y económico. En el año en el que más se erradicó, 2020, con 130 mil hectáreas, el alza se mantuvo. En 2019 el país tenía 154.476 hectáreas de coca; para el final del mandato de Duque en 2022, la cifra había subido a 230.028 hectáreas.

Economía libertaria 

La visión económica de De La Espriella tiene espejos en Argentina y países asiáticos como Singapur.  Regiones donde se ha aplicado una economía libertaria que se basa en reducción del Estado, de cargas impositivas, desregulaciones y apuestas por la explotación de recursos naturales. 

La campaña promete eliminar la “selva regulatoria” y la maraña de trámites que asfixian la competitividad. Eso, en referencia a los trámites para crear y sostener empresas, por ejemplo. Implementarán, dicen,  la política de “una entra y dos salen”, donde por cada nueva regulación se deben eliminar dos existentes para simplificar la vida del sector productivo.  

A la par de la desregulación y la revisión de la carga de impuestos, De La Espriella promete apoyar el fracking y los yacimientos no convencionales como “palanca estratégica”. Promete crear 150 mil empleos nuevos en el sector de hidrocarburos y alrededor de $15 a $20 billones en regalías provenientes del mismo. 

Según Campetrol, la cámara de empresas del sector, en Colombia la cadena de hidrocarburos produce 200 mil empleos directos e indirectos. La propuesta de De La Espriella casi busca duplicarlos.  

Con ese fin, ofrece “protección jurídica y seguridad total” para inversores nacionales y extranjeros. Va a “agilizar” los trámites de consulta previa, particularmente para proyectos críticos de transmisión energética. En cuanto a la infraestructura para la Amazonía, habla de “garantizar el acceso al agua”.

Eliminar el impuesto del 4 x mil

De la Espriella propone un plan de alivios tributarios encabezado por la eliminación del impuesto del 4 x mil. 

Ese es un impuesto a los movimientos financieros (su nombre técnico es gravamen a los movimientos financieros o GMF) y cobra $4 pesos por cada $1.000 que pasen por una transacción bancaria. Tiene varias reglas, como que las personas naturales pueden “marcar” una cuenta para que esté exenta de él pero solo bajo ciertas condiciones.

Lo creó el gobierno de Andrés Pastrana como un impuesto temporal, del 2 x 1.000 (o 0,2 por ciento) destinado a financiar el salvamento de varios bancos en 1999. Aunque formalmente siempre ha sido un impuesto temporal, con vigencia por algunos años, los gobiernos de Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos lo fueron prorrogando y aumentaron la tarifa al 0,4 por ciento.

Una reforma del gobierno Santos lo volvió permanente en el Estatuto Tributario. 

De La Espriella dice que es un impuesto repelente. Pero desmontarlo tiene sus efectos. 

El GMF tiene la ventaja de que se recauda muy fácil. Solo en 2023, logró un recaudo de $14 billones de pesos equivalente al 5% del total recaudado ese año.

Este impuesto ha venido en aumento como resultado principalmente por las regulaciones que promueven el uso del sistema financiero tal como la obligatoriedad del uso de la factura electrónica.

Créditos al 2% de interés

De La Espriella promete crear el programa ‘País de propietarios’ para que los colombianos puedan comprar vivienda propia con intereses de 2% a 30 años.

“Banco que no preste plata al 2%, le abro la puerta a los bancos extranjeros”, dice. 

En Colombia, los bancos prestan plata con base en tres elementos: uno, la tasa de referencia que plantea el Banco de la República, que suele hacerlo con base en la inflación; dos, la tasa de usura; y tres con el perfil crediticio del usuario. 

Para cumplir con la promesa de la tasa del 2% debe tener en la cuenta esas variables. El camino, tomando como referencia lo que hizo el gobierno de Gustavo Petro con algunos créditos al sector campesino, es financiar esa tasa de interés. 

En la propuesta de De La Espriella esa plata saldría del recorte del funcionamiento del Estado y de un plan de choque contra la corrupción. “La campaña proyecta generar un ahorro de aproximadamente $31.8 billones de pesos anuales (3.1% del PIB) mediante la reducción del tamaño del Estado en un 40%.  Esto incluye la eliminación de la “nómina politiquera” y “paralela”, así como la fusión de agencias redundantes”, dice la campaña.