Estados Unidos reclama control en corporaciones estratégicas como Intel, Nvidia y AMD
Washington, DC: La decisión del presidente Donald Trump de exigir que el gobierno de Estados Unidos adquiera participaciones accionarias en empresas estratégicas como Intel, Nvidia y AMD, a cambio de los multimillonarios subsidios federales que reciben, ha desatado un intenso debate político y económico. Mientras críticos denuncian una deriva hacia el intervencionismo estatal, defensores argumentan que se trata de una medida necesaria para proteger la seguridad nacional y recuperar soberanía en la competencia tecnológica global.
El acuerdo más visible se firmó con Intel, una compañía entregará que fabrica Microprocesadores (CPUs), Chips para centros de datos, Memorias y almacenamiento, Tecnología 5G y conectividad, Dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), a la que la administración Trump ha exigido cerca del 10 % de sus acciones, equivalentes a 8.9 mil millones de dólares, financiados con recursos de la Ley CHIPS y Ciencia (2022) y del programa Secure Enclave.
Aunque se trata de una participación pasiva, sin derecho a voto ni representación en la junta directiva, el convenio incluye una opción para ampliar la participación en el futuro. La Casa Blanca presiona ahora a Nvidia (Unidades de Procesamiento Gráfico (GPUs, inteligencia artificial (IA), machine learning y supercomputación) y Advanced Micro Devices (AMD), fabrica Procesadores (CPUs, GPUs (tarjetas gráficas Radeon, Chips para consolas, PlayStation 5 de Sony y Xbox Series X/S de Microsoft y Chips para centros de datos e IA.
Todas las empresas mencionadas, representan un desafío para la seguridad nacional estadounidense ante el desarrollo tecnológico y reciben subsidios directos. Intel es el mayor receptor, con fondos federales que superan los $10 mil millones, ahora convertidos en participación accionaria; Nvidia y AMD todavía aportan dinero al Tesoro estadounidense bajo esquemas de reparto de ingresos, aunque sus cifras exactas aún no se han detallado públicamente. El monto total combinado, aunque dominado por Intel, podría superar los $11 mil millones.
La administración Trump adoptará esquemas similares y ha dejado claro que este modelo se extenderá a otros sectores como minería de materiales críticos, energía y defensa cibernética.
Seguridad nacional y empresas estratégicas
El trasfondo de la medida es que, en pleno siglo XXI, los campos de batalla no se definen solo en términos militares. La inteligencia artificial, los semiconductores y la ciberseguridad son considerados pilares de la hegemonía tecnológica y de la defensa nacional. Sin chips avanzados y sin control sobre su producción, Estados Unidos arriesga no solo competitividad, sino también autonomía frente a rivales como China, India y Rusia.
En palabras de asesores cercanos a Trump, si el Estado invierte miles de millones en subsidiar estas industrias, es lógico que los contribuyentes “se conviertan en accionistas y no solo en espectadores”. Para la administración, esta no es una política ideológica, sino un acto pragmático de soberanía económica.
Lo que hacen otras potencias
La polémica se amplifica porque, mientras en EE.UU. se tilda la medida de “intervencionista”, en otras potencias del mundo este modelo es habitual. China, controla directamente a gigantes como Huawei y SMIC, con fondos estatales que marcan la dirección del sector tecnológico; Rusia, mantiene bajo control estatal mayoritario a consorcios como Gazprom, Rosneft y Rostec, esenciales para energía y defensa; India, conserva participaciones clave en telecomunicaciones y tecnología militar a través de empresas estatales mixtas y Europa, lejos de predicar un liberalismo absoluto, protege industrias estratégicas. Francia y Alemania poseen participaciones en Airbus, Renault y Volkswagen, así como en consorcios tecnológicos vinculados a la seguridad.
Frente a este panorama, el cuestionamiento a Trump adquiere un matiz paradójico y lo que en Pekín, Moscú o Berlín se considera política de Estado, en Washington se denuncia como un “atentado al libre mercado”.
La resistencia a este tipo de medidas en EE.UU. se explica por la tradición de presentarse como cuna del libre mercado. La simple idea de que el gobierno adquiera acciones en corporaciones privadas genera alarma en sectores financieros, académicos y mediáticos, temerosos de un giro hacia el corporativismo.
Sin embargo, el contexto actual es distinto; la competencia tecnológica y geopolítica multipolar ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado. Para muchos expertos, seguir defendiendo un purismo económico mientras los rivales estratégicos aplican políticas de capitalismo de Estado equivale a un suicidio geopolítico.
Para los críticos, Trump busca controlar políticamente a corporaciones privadas y abrir la puerta a un modelo intervencionista contrario a la tradición estadounidense; para sus defensores, la medida es un acto de justicia y pragmatismo. “Si los contribuyentes ponen el dinero, deben obtener beneficios directos y garantizar que esas industrias trabajen para el interés nacional”, resumió el senador Bernie Sanders, quien sorpresivamente respaldó la política.
La exigencia de Trump de convertir subsidios en participaciones accionarias marca un giro radical en la relación entre el Estado y el sector privado en Estados Unidos.
