Trump y la Reserva Federal, una batalla por el poder y la independencia
Washington, DC: El intento del presidente Donald Trump de destituir a Lisa D. Cook, miembro de la Junta de la Reserva Federal (FED), expone una tensión histórica en la política estadounidense que describe hasta dónde llega la autoridad presidencial y qué significa realmente la independencia de los organismos técnicos.
La ley es clara en el aspecto de que los miembros de la FED solo pueden ser removidos “por causa justificada” antes de terminar su mandato de 14 años. Pero lo que no define la ley es qué constituye exactamente esa “causa”. Para algunos juristas, la fórmula debería interpretarse estrictamente como faltas graves, como corrupción o negligencia en el cargo. Para otros, el presidente, como jefe del Poder Ejecutivo, tiene la facultad de determinar qué causa es suficiente, siempre que pueda justificarla.
En este escenario, Trump sostiene que Cook debe ser removida porque se negó a acompañar su política de reducción de tasas de interés y porque existirían irregularidades en documentos hipotecarios previos a su nombramiento. Desde su perspectiva, ambas razones son válidas y entran dentro de la potestad presidencial. La oposición, sin embargo, insiste en que esas justificaciones son un pretexto, que la independencia de la FED existe justamente para evitar que sus miembros voten siguiendo instrucciones políticas, y que la acusación hipotecaria no ha sido demostrada judicialmente.
Un punto clave para evaluar la posible existencia de sesgo político en Lisa D. Cook es revisar su comportamiento durante la administración de Joe Biden. En aquel período, Biden también presionó públicamente por tasas bajas, y Cook, igual que ahora, se mantuvo en la postura de resistir ese pedido, priorizando otros factores económicos. Este dato puede interpretarse en dos direcciones. Por un lado, como evidencia de que Cook actúa de forma técnica y consistente, sin importar el presidente de turno; por otro, algunos críticos sostienen que la FED tiende a moverse dentro de una visión ideológica más cercana a quienes la designaron, y que sus decisiones no siempre son neutrales en la práctica.
El presidente Donald Trump ha iniciado un proceso judicial contra Lisa D. Cook en los tribunales que busca validar su decisión de destituirla de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (FED), bajo el argumento de que existían “causas justificadas” para su remoción.
En su presentación, Trump sostiene que Cook incurrió en irregularidades hipotecarias en 2021, antes de ocupar el cargo, al declarar dos propiedades como residencia principal, lo que le habría permitido obtener condiciones de préstamo más favorables. Con base en ese señalamiento, Trump afirma que se configuró una falta suficiente para apartarla de su puesto, apelando a la cláusula de la Ley de la Reserva Federal que faculta al presidente a remover a un miembro por causa.
Por su parte, Cook y su defensa rechazan tajantemente la legalidad del intento de destitución, alegando que no existe un proceso formal ni una base jurídica sólida para justificarlo. Sostienen que las acusaciones hipotecarias son un pretexto y que aceptar la interpretación de Trump socavaría la independencia de la FED, cuyo diseño institucional busca precisamente aislarla de las presiones políticas de la Casa Blanca.
La batalla legal, en consecuencia, no solo se centra en la situación personal de Cook, sino en la definición de hasta qué punto el presidente puede intervenir en organismos independientes y reinterpretar a discreción el concepto de “causa justificada” previsto en la ley.
Lo que está en juego es más amplio que el futuro de una integrante de la FED. Si los tribunales respaldan la visión de Trump, se reforzaría la idea de un presidente con poder amplio para decidir sobre funcionarios de agencias independientes, fortaleciendo la figura del Ejecutivo. Sin embargo, rechazan la destitución; se consolidará el modelo histórico de una Fed blindada contra presiones políticas.
En definitiva, el caso de Lisa D. Cook no puede leerse únicamente como un choque personal con Trump, sino como un capítulo más en la disputa de fondo sobre quién define los límites del poder en Estados Unidos: el presidente con su interpretación de “causa justificada”, o el Congreso y los tribunales con la defensa de la independencia institucional.
