ICE denuncia violencia en Portland y falta de apoyo local mientras Trump envía la Guardia Nacional
Portland, Oregón. — El director de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland denunció que la instalación federal de la agencia ha enfrentado más de cien noches de ataques consecutivos con “poco o nulo apoyo” de la policía local. Según la funcionaria, los manifestantes han arrojado proyectiles, utilizado láseres contra agentes, bloqueado accesos y difundido información personal de empleados, lo que ha puesto en riesgo la seguridad del personal y del vecindario.
La jefa de ICE, Cammila Wamsley, aseguró que el Departamento de Policía de Portland “ha sido lento en responder y en algunos casos no ha respondido en absoluto” debido a políticas municipales que limitan la cooperación con agencias federales. La falta de presencia policial, dijo, ha permitido que los ataques se repitan casi a diario en las inmediaciones de la sede de ICE.
Ante esta situación, la administración del presidente Donald Trump anunció el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la protección de instalaciones federales en Portland, incluyendo el edificio de ICE. El envío de tropas tiene un costo estimado de 3,8 millones de dólares para el gobierno federal y se sumará al trabajo de múltiples agencias, entre ellas FBI, ATF, DEA y el Servicio de Impuestos Internos, que han intensificado su vigilancia sobre grupos vinculados a las protestas.
Las autoridades federales atribuyen la escalada de violencia a organizaciones relacionadas con Antifa, mientras que líderes locales rechazan esa caracterización. El alcalde de Portland afirmó que la ciudad “no necesita intervención federal” y que la presencia militar solo agravará las tensiones. Por su parte, el estado de Oregón presentó una demanda para detener la movilización de tropas, calificándola de “ilegal e innecesaria”.
El conflicto ha generado un choque de narrativas, porque para ICE, lo que ocurre en Portland es una “batalla nocturna” que amenaza a sus agentes; para las autoridades locales, se trata de protestas que deben manejarse bajo el marco legal del estado sin imposiciones desde Washington. En medio de estas diferencias, la ciudad se ha convertido en un escenario de tensión nacional donde se cruzan el debate sobre seguridad pública, derechos civiles y el alcance del poder federal.
