¡Última hora! Corte Suprema ordena el fin del TPS para venezolanos dejando a más de 300,000 en riesgo de deportación
Washington, D.C: La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, una decisión que deja a más de 300,000 migrantes en riesgo inmediato de perder sus permisos de residencia temporal y de trabajo, y que abre la puerta a deportaciones masivas.
La orden, emitida de forma sumaria por la mayoría conservadora del tribunal, suspende el fallo de un juez federal en California que había bloqueado la medida al considerar ilegal la actuación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Con esta acción, el gobierno puede proceder de inmediato a ejecutar la cancelación del programa mientras continúa la batalla judicial en cortes de apelación.
El TPS para Venezuela fue aprobado en 2021 como respuesta a la crisis humanitaria y política en ese país, y desde entonces se había prorrogado en varias ocasiones. Sin embargo, en febrero de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de la extensión vigente y la terminación definitiva del programa, lo que generó demandas por parte de beneficiarios y organizaciones defensoras de migrantes. Un juez federal detuvo esa acción en primavera, pero ahora la Corte Suprema, en un segundo fallo a favor de la Casa Blanca en menos de cinco meses sobre programas migratorios temporales, ha devuelto la autoridad plena al Ejecutivo.
La decisión tiene consecuencias inmediatas para cientos de miles de familias venezolanas radicadas en Estados Unidos. Aunque la terminación oficial del TPS está prevista para noviembre de 2025, el DHS podrá comenzar a dejar expirar autorizaciones de trabajo, suspender reinscripciones y ejecutar períodos de gracia más cortos. Esto impactará directamente a trabajadores, estudiantes y comunidades que dependen de la estabilidad legal que ofrecía este amparo. Empleadores y agencias públicas, a su vez, estarán obligados a verificar la validez de los documentos migratorios de quienes estaban protegidos por el programa.
Organizaciones proinmigrantes reaccionaron con alarma, calificando la decisión como un golpe humanitario. La National TPS Alliance advirtió que la medida expone a familias que llevan años trabajando y contribuyendo a la economía estadounidense, y que ahora enfrentan el riesgo de ser arrancadas de sus comunidades. Líderes de derechos civiles señalaron que la decisión refuerza la estrategia de la administración Trump de recortar programas de protección temporal como el TPS y el parole humanitario, utilizando con frecuencia la vía de emergencias de la Corte Suprema para obtener victorias rápidas sin un análisis profundo de fondo.
La jueza Ketanji Brown Jackson, junto a otras magistradas liberales, disintió de la decisión, advirtiendo que el tribunal estaba desatendiendo las consecuencias humanas y procedimentales de una acción que afecta a cientos de miles de personas. Aun así, la mayoría conservadora decidió permitir que el gobierno ejecute su política migratoria mientras continúa el litigio.
Los venezolanos amparados por el TPS deberán revisar de inmediato las notificaciones oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para conocer las fechas de expiración de sus permisos y los posibles plazos de gracia que se concedan. Abogados de inmigración recomiendan explorar alternativas legales, como solicitudes de asilo pendientes, vínculos familiares o visados alternativos, aunque advierten que estas opciones son limitadas y dependen de circunstancias individuales.
El TPS, creado por el Congreso en 1990, buscaba ofrecer un amparo humanitario a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis políticas. Para los venezolanos, significó un respiro en medio de la inestabilidad de su país y una oportunidad de trabajar legalmente en Estados Unidos. Con la orden de la Corte Suprema, ese salvavidas se encamina a su fin administrativo, salvo que una futura sentencia revierta la medida.
El caso seguirá en tribunales de apelación, pero la realidad inmediata es que el gobierno ya cuenta con vía libre para desmontar el TPS de Venezuela. Analistas advierten que la presión no solo recaerá en los afectados, sino también en las comunidades y economías locales que han integrado a esta población durante años. La decisión de la Corte Suprema, más allá de lo jurídico, abre un capítulo de incertidumbre política, social y humanitaria que redefine la situación de cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos.
