Concejales Méndez y Vélez, símbolos de una representación que perdió el rumbo.

Paterson, NJ.- La representación latina en Paterson, Nueva Jersey, atraviesa una crisis de credibilidad que pone a prueba su madurez cívica. Dos de sus figuras más visibles, Alex Méndez, presidente del Concejo Municipal, y Luis Vélez, concejal del Quinto Distrito, se han convertido en el reflejo más inquietante de una representación que parece haber perdido el rumbo. Ambos enfrentan procesos judiciales distintos, pero convergen en un mismo punto,  el deterioro de la confianza pública en una ciudad donde la comunidad latina, mayoritaria y pujante, había depositado en ellos la esperanza de un liderazgo ejemplar.

El caso Méndez, del voto por correo al banquillo judicial

Concejal Alex Méndez

La historia judicial de Alex Méndez comenzó con la elección municipal del 12 de mayo de 2020, celebrada en plena pandemia y realizada casi íntegramente por correo. Aquella jornada terminó anulada por un juez estatal debido a irregularidades en el manejo de las papeletas; casi una cuarta parte de las boletas fueron rechazadas por fallas de firma o manipulación, lo que levantó sospechas sobre la integridad del proceso.

En febrero de 2021, un gran jurado estatal imputó a Méndez por múltiples delitos electorales vinculados a esa contienda, acusándolo de registro falso de votantes, posesión no autorizada de boletas y alteración de procedimientos electorales, entre otros cargos formales presentados por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey.

Dos años más tarde, en octubre de 2023, la Fiscalía amplió la acusación alegando que Méndez y varios colaboradores recogieron boletas personalmente, manipularon correspondencia electoral y falsificaron registros. En abril de 2025, un gran jurado emitió una acusación sustitutiva que sumó nuevos implicados, entre ellos la esposa del concejal, Yohanny Méndez y añadió cargos por manipulación de testigos y obstrucción de la justicia.

El 20 de octubre de 2025, Méndez rechazó un acuerdo de culpabilidad que podía implicar hasta cinco años de prisión. Tres coacusados recibieron ofertas sin cárcel, y un trabajador de campaña, Omar Ledesma, habría aceptado un acuerdo de tres años. La decisión de Méndez de enfrentar el juicio en la Corte Superior del condado de Passaic lo mantiene como principal acusado en un proceso que ya supera el lustro.

Más allá de los tecnicismos legales, este caso ha tenido un impacto devastador en la percepción pública. La sospecha de que un líder elegido por la comunidad dominicana pudiera haber manipulado boletas electorales erosiona no solo su carrera política, sino también la fe en la integridad del voto latino en Nueva Jersey.

El caso Vélez, una falsa alarma que encendió la desconfianza

El 8 de septiembre de 2024, un domingo con el Ayuntamiento cerrado, el concejal puertorriqueño Luis Vélez activó una alarma de incendio en el sótano de City Hall. Según la Fiscalía del Condado de Passaic, las cámaras de seguridad lo muestran accionando la caja de alarma hasta que se disparó, sin que existiera ninguna emergencia. El hecho provocó la evacuación del edificio y dio pie a un cargo criminal de tercer grado por “false public alarm”.

El 30 de octubre de 2025, durante una audiencia en la Corte Superior, se reveló un acuerdo tentativo. Vélez pagaría una multa de 2,000 dólares y podría continuar en su cargo, sujeto a su aceptación en el programa de Intervención Previa al Juicio (PTI). La jueza Barbara Buono Stanton fijó el 5 de diciembre para decidir sobre su elegibilidad.

Aunque el abogado del concejal sostuvo que el caso estaba “motivado políticamente”, las imágenes divulgadas por la prensa local y las declaraciones de la fiscalía refuerzan la impresión de un acto imprudente, innecesario y contrario a la ética pública. Si bien la sanción propuesta parece menor, el daño a su credibilidad resulta incalculable. Para muchos residentes, el hecho simboliza cómo algunos funcionarios latinos parecen haber perdido la noción de responsabilidad que exige el servicio público.

Los procesos de Méndez y Vélez, de distinta gravedad, convergen en una misma consecuencia; la erosión de la confianza social. En el caso de Méndez, el cuestionamiento recae sobre el respeto a las reglas democráticas y al voto ciudadano. En el de Vélez, sobre la responsabilidad institucional y el decoro en el ejercicio del cargo. Ambos episodios alimentan la percepción de que el poder, una vez alcanzado, se convierte en trinchera personal más que en herramienta de servicio.

La comunidad latina de Paterson, que ha luchado durante décadas por ganar espacio político y representación, enfrenta hoy un espejo incómodo; el de sus propios líderes envueltos en escándalos que laceran el prestigio colectivo. La indignación no radica solo en los cargos, sino en el sentimiento de traición hacia quienes prometieron dignificar la voz de los barrios latinos en el gobierno local.

Estos casos evidencian un patrón de desatención a principios elementales. Méndez habría vulnerado la integridad del sufragio; Vélez, la confianza en las normas de seguridad pública. Ambos, desde escenarios diferentes, desafían el límite entre error político y falta ética.

El daño reputacional ya está hecho. La presunción de inocencia se mantiene, pero la responsabilidad política no espera sentencia. La ejemplaridad, el valor intangible que sostiene el liderazgo, se mide en actos, no en veredictos.

Ante esta doble crisis, los votantes latinos reclaman transparencia, coherencia y rendición de cuentas. Urge fortalecer la observación electoral, establecer protocolos de integridad para cargos municipales y promover una comunicación política responsable que sustituya la negación por la autocrítica. La reconstrucción de la confianza no depende solo de los tribunales, sino del compromiso de cada representante con la verdad, la humildad y el respeto a la ley.

La comunidad debe exigir a sus líderes no solo que sean electos, sino que estén a la altura moral de los votos que los llevaron allí.

Nota editorial
Las personas mencionadas en este reportaje mantienen la presunción de inocencia mientras los procesos judiciales sigan abiertos. El contenido fue elaborado por la dirección de El Faro Latino a partir de documentos oficiales, fuentes judiciales y registros públicos verificables. Su propósito es informar al público y analizar, desde un enfoque periodístico y ético, el impacto social y político de los casos, en consonancia con los estándares de responsabilidad y veracidad de la prensa profesional de los Estados Unidos.