TSA falla a favor de El Faro Latino y ordena a la JCE entregar archivos del voto exterior

El proceso se inició a raíz de la investigación que El Faro Latino desarrolla desde 2024 sobre el manejo de fondos destinados a las oficinas electorales del extranjero. La solicitud formal de información, tramitada vía SAIP, no obtuvo una respuesta completa por parte de la JCE, lo que llevó al medio a presentar una intimación y posteriormente una acción de amparo de cumplimiento.

Desde el inicio, el tribunal dejó claro que la información solicitada constituye un derecho fundamental de acceso a la información pública. La decisión fue emitida por el magistrado Román Arturo Berroa Hiciano, juez presidente de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, reconocido en el ámbito judicial dominicano como un magistrado serio, independiente y rigurosamente apegado al ordenamiento legal.

Se trata del mismo juez que, en una audiencia del Consejo Nacional de la Magistratura mientras aspiraba al Tribunal Constitucional, resaltó públicamente que el acceso libre a la información pública es un pilar esencial para la democracia y para la fiscalización ciudadana. Su historial profesional, marcado por decisiones basadas en principios constitucionales, otorga un peso adicional a este fallo, especialmente en un caso cuya relevancia fue advertida desde su inicio, cuando se anunció que conocería el recurso de amparo interpuesto por El Faro Latino para obtener los documentos económicos del voto dominicano en el exterior ante denuncias de posibles irregularidades y malversaciones.

Este señalamiento del TSA desmantela cualquier argumento previo de la JCE para justificar su negativa parcial o total a entregar los archivos contables, presupuestarios y administrativos relacionados con el proceso electoral en el extranjero. El tribunal también determinó que la vía judicial se hizo necesaria debido a la falta de respuesta efectiva por parte de la JCE. Este punto es clave en la narrativa del fallo.

El momento decisivo de la sentencia llegó con la orden explícita del tribunal. En la página 44, la Cuarta Sala instruye a la Junta Central Electoral a entregar toda la documentación requerida por El Faro Latino y Esteban Cabrera.

La orden judicial abarca los presupuestos asignados a las circunscripciones del exterior, las transferencias bancarias, los soportes de gastos, los inventarios enviados a las oficinas del exterior, las liquidaciones remitidas a Auditoría Interna, los reportes administrativos y toda evidencia relacionada con la ejecución económica del proceso electoral dominicano en las tres demarcaciones electorales del exterior repartidas ente la Circunscripción 1, Estados Unidos y Canadá; La Circunscripción 2, Florida, Centro y Sur America y la Circunscripción 3, Union Europea.

La liberación de estos archivos permitirá profundizar en la investigación periodística más grande jamás realizada sobre la administración de recursos del voto dominicano en el exterior. Con la documentación completa, El Faro Latino podrá analizar trazabilidad del gasto, consistencia presupuestaria, supervisión de fondos, variaciones entre oficinas, posible duplicidad de procesos y la existencia o no de un presunto maga desfalco denunciado por miembros de la diáspora a la redacción de El Faro Latino.

El TSA también establece que la JCE debe cumplir la sentencia en el plazo fijado bajo advertencia de mecanismos coercitivos si se produce desacato. Este componente refuerza la obligatoriedad inmediata y la pertinencia del fallo.

Para la comunidad dominicana en el exterior, la decisión representa un triunfo de la transparencia electoral y del derecho ciudadano a conocer cómo se administran los recursos asignados al voto en el extranjero. Para El Faro Latino, esta sentencia marca la apertura de una nueva etapa investigativa cuyos resultados serán dados a conocer al país una vez la JCE entregue la documentación ordenada.

La decisión del Tribunal Superior Administrativo no solo reconoce derechos fundamentales. Abre una ruta de fiscalización sin precedentes sobre el uso de los fondos públicos destinados a la diáspora dominicana.

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