Se ha perdido La Ruta del dinero del Voto Dominicano en el Exterior?

Nueva York.- La alerta comenzó con una filtración. A mediados de abril del 2024, una fuente interna de entero crédito entregó al periódico El Faro Latino una serie de documentos que daban cuenta de un posible contrato irregular para el envío de cartas a los electores dominicanos en Estados Unidos.

Era una cotización emitida por una empresa llamada Quality Fix Appliance, con dirección en el Bronx, que presentaba un presupuesto de US$66,340.45 para el estado de New Jersey. El nombre comercial no coincidía con actividades de impresión ni de distribución postal, y la dirección señalada no correspondía a ninguna compañía del sector gráfico. Así comenzó una investigación que poco a poco fue destapando un conjunto mayor de inconsistencias que la Junta Central Electoral (JCE) aún no ha explicado.

La filtración no llegó sola. Junto a la cotización aparecieron comunicaciones internas que mostraban cómo el Departamento del Voto Dominicano en el Exterior, dirigido por Well Sepúlveda, emitió una circular urgente ordenando detener las contrataciones y exigir certificados de razón social y operatividad a cualquier empresa involucrada en el envío de correspondencia a los votantes. Sin embargo, en cuestión de días la contradicción saltó a la vista. Mientras la circular hablaba de suspender, la JCE publicó en sus redes sociales que las cartas sí estaban siendo enviadas. Nadie explicó qué había ocurrido entre una decisión y la otra.

Cuando El Faro Latino solicitó formalmente todos los contratos, montos y nombres de las empresas involucradas a través del Portal Único de Libre Acceso a la Información (SAIP-SIP-97356), la JCE no entregó los documentos. Esa negativa originó un proceso legal que todavía está en fase de notificación. El Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia ordenando a la JCE entregar toda la información financiera del voto del exterior, pero al momento de este reportaje esa decisión judicial aún no se ha ejecutado. Falta por ver si la institución acatará la sentencia o si intentará oponerse.

La historia no termina ahí. La cotización de Quality Fix Appliance no aparece entre los proveedores oficiales en los registros divulgados posteriormente por la propia JCE. En su lugar, surgió una tabla de pagos que revela desembolsos por US$411,159.28 en Estados Unidos y €122,588.61 en Europa, lo que eleva el gasto total a más de medio millón de dólares. Entre esas empresas sí aparecen proveedores legítimos del sector gráfico como Lino Press NY, Zancan Press, TC Delivers, GotPrint, Pro Mail y Abonés Print Coffee Books. Todas, tras verificación independiente, existen y operan en el rubro de impresión, correo masivo o servicios gráficos, al menos en lo correspondiente a sus estados de operación.

Sin embargo, un nombre destacó inevitablemente: K&J Energy, contratada en el estado de New Jersey por un monto de US$84,432.37. Su naturaleza comercial no corresponde a impresión, correo masivo ni servicios gráficos. Es una firma vinculada al sector energético, sin relación conocida con ningún proceso de impresión, empaque o distribución de correspondencia.

La presencia de K&J Energy en la tabla oficial generó nuevas preguntas, sobre todo porque ese fue el mismo estado en el que apareció la cotización filtrada de Quality Fix Appliance. El Faro Latino no encontró documentación pública que confirme que K&J Energy tenga capacidad técnica o licencia comercial para ejecutar un servicio de impresión y mailing electoral de esa magnitud.

A diferencia de este caso, otro proveedor sí respondió con claridad. En una llamada telefónica con El Faro Latino, Franklin, representante de Lino Press NY, confirmó personalmente que su empresa recibió un contrato de la JCE y que efectivamente ejecutó el servicio que le correspondía. Su respuesta permitió validar uno de los nombres presentes en la tabla de proveedores oficiales. Pero la confirmación de un suplidor no resuelve el interrogante mayor: cómo se escogieron los demás, qué procesos formales existieron, quién autorizó los desembolsos y qué papel jugó realmente la cotización fantasma de la empresa del Bronx.

El patrón de contradicciones es especialmente preocupante porque no sería la primera vez que surgen irregularidades en el manejo del presupuesto electoral del exterior. En las elecciones de 2020, aunque la JCE no entregó toda la información solicitada en aquel momento, varias filtraciones internas permitieron a El Faro Latino estimar que de un presupuesto general de US$7,179,625.20 para el voto exterior, posiblemente se malversaron más de US$4,618,696.76, según la auditoría forense de la firma de auditores privados contratada por El Faro Latino, Disla Doñé &Asociados.

Aquella investigación concluyó, con evidencia documental, que el manejo de fondos en el exterior había contado con una estructura de gastos sin controles, sin justificación y con múltiples anomalías. La historia reciente, por tanto, obliga a observar con mayor rigor cualquier inconsistencia en el proceso de 2024.

Hoy el panorama presenta más preguntas que respuestas. La JCE publicó la lista de empresas que supuestamente dieron el servicio y los montos desembolsados, pero no ha explicado por qué ordenó detener las contrataciones mientras al mismo tiempo avanzaba con pagos en el exterior; no ha aclarado por qué apareció un proveedor fantasma en la documentación filtrada; ni ha entregado los contratos, certificaciones, órdenes de compra, facturas, guías de envío ni los reportes de ejecución que permitirían verificar si las empresas contratadas, especialmente aquellas fuera del rubro gráfico como K&J Energy, realizaron realmente los servicios facturados.

La sentencia del Tribunal Superior Administrativo podría obligar a la JCE a entregar cada documento financiero vinculado al voto del exterior. Eso incluye los statements bancarios de las cuentas abiertas para la JCE por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Republica Dominicana (MIREX) en el exterior, también los contratos y la trazabilidad completa del gasto, con detalles sobre quién solicitó, quién aprobó, qué se pagó, a quién se pagó y qué evidencias existen de que el servicio se realizó. Hasta que eso ocurra, la investigación seguirá abierta.

Las filtraciones, las contradicciones internas, el proveedor fantasma y la presencia de empresas cuyo giro comercial no guarda relación con servicios de impresión y mailing son elementos suficientes para encender todas las alarmas. La diáspora dominicana merece saber cómo se manejó cada dólar del presupuesto electoral y por qué una estructura de gasto tan sensible continúa envuelta en opacidad. El Faro Latino dará seguimiento hasta que la verdad documentada salga a la luz, no por conflicto institucional, sino por derecho ciudadano y por la integridad del proceso democrático.