Llamado del episcopado sobre corrupción activa el ambiente politico

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SANTO DOMINGO, RD.-  Ante la preocupación expresada por la Conferencia del Episcopado Dominicano sobre el aumento de los mecanismos utilizados para sustraer fondos del Estado, afectando a los sectores más vulnerables de la población, legisladores reaccionaron con posturas encontradas.

Mientras algunos esperan que la impunidad deje de ser la respuesta en estos casos, otros llaman a confiar en los cambios que, aseguran, se están produciendo desde el sistema de justicia, bajo la administración del presidente Luis Abinader, para devolver tranquilidad a la población.

Los obispos pusieron el dedo en la llaga de la corrupción administrativa, en un contexto marcado por el caso del presunto robo en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuyos imputados buscan actualmente la variación de la medida de coerción consistente en prisión preventiva.

En su carta pastoral con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, la cúpula de la Iglesia católica manifestó su indignación ante las consecuencias de la corrupción, especialmente cuando esta priva a los ciudadanos de servicios esenciales y atenta contra la dignidad humana. En ese sentido, llamaron a que se actúe sin privilegios ni impunidad.

Desde el Congreso Nacional, el presidente del Senado y otros legisladores del oficialismo exhortaron a la ciudadanía a confiar en el sistema de justicia, al asegurar que por primera vez se está enfrentando de manera firme ese flagelo.

Sin embargo, sectores de la oposición consideran necesario que distintos actores de la sociedad asuman la postura de la Iglesia, al entender que el Gobierno estaría actuando en contradicción con sus promesas de transparencia realizadas antes de asumir el poder.

Se recuerda, además, que el expresidente Danilo Medina ha cuestionado públicamente el manejo del actual gobierno frente a los casos de corrupción.

Tanto la Iglesia católica como legisladores de las distintas bancadas coinciden en que la población debe mantenerse vigilante, para garantizar que los funcionarios administren los fondos públicos con responsabilidad y transparencia

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