El caso Nancy Guthrie obliga a tomar en serio la palabra secuestro en EE.UU

Tucson,  Arizona.- La desaparición de Nancy Guthrie no ocurrió en un lugar remoto ni en un contexto excepcional. Ocurrió en Tucson, en el estado de Arizona, una ciudad estadounidense como tantas otras, con barrios residenciales, cámaras de seguridad, patrullas nocturnas y una idea profundamente arraigada de normalidad. Precisamente por eso el caso incomoda.

Pensar que en Estados Unidos los secuestros ya no ocurren es una conclusión más emocional que factual. No son frecuentes, no dominan las estadísticas criminales, pero existen. Y cuando aparecen, lo hacen rompiendo esa confianza cotidiana que sostiene la vida suburbana.

La noche en que Nancy Guthrie regresó a su casa no tuvo nada de extraordinario. Había salido a cenar con familiares. Fue dejada frente a su vivienda poco antes de las diez. El sistema registró la apertura del garaje. Minutos después, el cierre. Todo indicaba que había entrado con normalidad.

Horas más tarde, la casa empezó a ofrecer señales inquietantes. La cámara del timbre dejó de transmitir durante la madrugada. Sensores internos detectaron movimiento sin video recuperable. El teléfono vinculado a su marcapasos se desconectó de la aplicación. No hubo un evento único, sino una secuencia de silencios tecnológicos que solo adquieren sentido cuando alguien ya no está.

Al día siguiente, cuando la familia fue a verla y no la encontró, se activó el 911. Luego vino la escena conocida y siempre perturbadora. Policía local. Perímetros acordonados. Vecinos observando desde lejos. Y una confirmación que cambió definitivamente el tono del caso. Sangre en el porche. ADN que coincidía con ella.

A partir de ese momento, la investigación dejó de ser una búsqueda rutinaria y pasó a un terreno más grave. El Federal Bureau of Investigation (FBI) se integró formalmente. Se anunció una recompensa. Las autoridades evitaron cuidadosamente etiquetas públicas, pero el lenguaje interno cambió.

En paralelo, el caso empezó a vivir otra vida fuera de los informes policiales. Mensajes. Supuestas notas de rescate. Versiones contradictorias. La familia difundió un video breve y directo. Informó que había recibido un mensaje y que estaba dispuesta a pagar si eso facilitaba el regreso con vida.

Ese gesto, comprensible en cualquier familia, abrió la puerta a un fenómeno bien documentado en este tipo de investigaciones. El oportunismo criminal. Días después, el FBI arrestó a un hombre acusado de enviar mensajes falsos de rescate a la familia. No era el captor. Era un impostor. Un actor secundario intentando monetizar el miedo.

Ese detalle es clave para entender por qué estos casos se llenan de ruido. La existencia de estafadores no invalida un secuestro real. Tampoco lo confirma. Pero obliga a separar con rigor lo que está documentado de lo que es explotación del pánico.

Las autoridades han sido claras en lo que dicen y en lo que evitan decir. No han confirmado entrada forzada. No han presentado un sospechoso público. No han definido si fue un acto dirigido o aleatorio. Sí han insistido en que el componente digital es central y que cada pista se evalúa con cautela. Ese silencio no es vacío, es procedimiento.

Las cifras ayudan a entender por qué este caso resulta tan perturbador. Cada año se reportan cientos de miles de personas desaparecidas en Estados Unidos. La mayoría vuelve. Muchas nunca estuvieron en peligro real. Dentro de ese universo, las abducciones por desconocidos representan una fracción mínima. Precisamente por eso, cuando ocurren, descolocan.

Esa rareza no las convierte en mito. La historia reciente lo demuestra. En 2021, Eliza Fletcher fue secuestrada mientras corría en Memphis. El caso terminó con una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para el responsable.

Antes, Elizabeth Smart fue secuestrada en Utah y recuperada con vida tras meses de cautiverio. Polly Klaas, en California, no corrió la misma suerte. Su asesinato marcó una generación y cambió debates públicos enteros.

También existe la otra cara del fenómeno, igualmente documentada. Casos que movilizaron al país y terminaron en tribunales como fraudes. Sherri Papini y Carlee Russell fabricaron secuestros que nunca ocurrieron y acabaron condenadas por mentir a las autoridades. Esos episodios explican por qué los investigadores avanzan con cautela extrema y por qué ningún mensaje se da por válido sin verificación.

El caso Guthrie se mueve entre esas dos realidades. Secuestros reales que sí ocurren, aunque sean raros, y estafas que parasitan la tragedia ajena. Hoy no hay una historia cerrada para consumir. No hay un culpable anunciado ni un desenlace asegurado.

Hay una investigación abierta en Tucson, Arizona. Hay evidencia física documentada. Hay intervención federal. Y hay una verdad incómoda que este caso vuelve a poner sobre la mesa.

Si Nancy Guthrie terminó siendo víctima de un secuestro en Estados Unidos, no sería un hecho sin precedentes. Sería, simplemente, uno más de esos episodios que recuerdan que incluso en un país hiperconectado, vigilado y convencido de su seguridad, hay noches en las que una persona es vista por última vez al entrar a su casa y, horas después, ya no está.