Galleros marcharán a la Fortaleza para pedir a la gobernadora que firme proyecto de ley 2330
Los galleros de Puerto Rico tocarán este martes a la puerta de La Fortaleza buscando que la gobernadora Wanda Vázquez Garced firme el proyecto de ley 2330 que les servirá como protección para continuar con las peleas de gallos luego de que entre en vigor la prohibición federal.
El proyecto, aprobado en la Cámara de Representantes, está en La Fortaleza desde el lunes, 2 de diciembre, confirmó la oficina del representante y autor del proyecto Urayoan Hernández Alvarado.
La ley federal que prohibiría las peleas de gallos entraría en vigor el 21 de diciembre.
Sin tiempo que perder, con bolígrafos en mano y gallos de muestra, la industria gallera espera la firma de la gobernadora para continuar con su tradición, deporte y cultura.
“Si lo firma estaríamos, entre paréntesis, autorizados para continuar con la actividad gallística”, dijo uno de los líderes de la industria, José Ramón ‘Abuelo Pepito’ Rivera.
¿Y por qué entre paréntesis?
Rivera explicó que existe una duda general de que la ley federal va por encima de la estatal. Una ley 2330 retaría esa creencia, agregó Rivera.
El proyecto 2330 va dirigido a otorgar licencias a galleras para que éstas puedan ser sede de peleas de gallos, como ocurre en la actualidad. La licencias son procesadas por el Departamento de Recreación y Deportes, que tiene una oficina que supervisa el deporte de los gallos.
El proyecto también protege la legalidad de las peleas de gallos al evitar en la industria la práctica de importación o exportación de gallos para peleas.
Precisamente, el comercio interestatal de los gallos es uno de los puntos que atacó la ley federal para prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos.
“Con licencias y sin importar ni exportar aves para combate, cumplimos con la ley, que fue precisamente el fallo del juez Gelpí”, dijo Rivera.
El Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación de Cultural y Deportiva del Gallo de Pelea Fino tuvieron en octubre un fallo adverso en el tribunal federal de Puerto Rico, en donde cuestionaron la ley federal de la prohibición argumentando que ésta violenta sus derechos constitucionales. El juez Gustavo Gelpí declaró que la ley no violenta los derechos de los galleros.
Desde entonces, la industria gallera ha estado analizando varios caminos para ripostar, como apelar la decisión de Gelpí al Primer Circuito de Boston y cabildear en el congreso de Estados Unidos para posponer la corriente moratoria que acompaña la ley federal y la que concluiría el 20 de diciembre.
El proyecto de ley 2330 es otra arena de batalla que usa la industria gallera para mantener su deporte y la economía que éste genera para el gobierno y las miles de familias que viven de los gallos.
Rivera añadió que el proyecto es otra herramienta que tiene la industria para luchar en Boston o en el Congreso luego del 20 de diciembre.
“Vamos a reclamar a la gobernadora que lo firme. Nos ayudaría de una forma grande. No es lo mismo ir al congreso con entidades privadas que ir también con el apoyo del gobierno. Nos ha a servir para ambos procesos en Boston y en Washington”, dijo.
