NEW YORK.– Un exoficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se declaró culpable este miércoles de varios delitos relacionados con abuso de autoridad, luego de admitir que sostuvo relaciones sexuales con una mujer a la que había arrestado y que envió mensajes de texto inapropiados a mujeres involucradas en investigaciones bajo su responsabilidad.
El exagente Matthew Lambert aceptó su responsabilidad penal ante el Tribunal Penal de Manhattan, donde se declaró culpable de tres cargos de conducta indebida en funciones oficiales y un cargo por recibir gratificaciones ilegales.
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Como parte del acuerdo de culpabilidad, Lambert deberá cumplir dos años de libertad condicional, completar un programa de orientación psicológica y realizar 100 horas de servicio comunitario, informó la jueza Onya Brinson durante la audiencia.
Durante el proceso judicial, Lambert también reconoció que su renuncia al Departamento de Policía de Nueva York constituyó una destitución por causa justificada debido a la naturaleza de sus acciones.
El exagente compareció acompañado de su abogado, Jacob LaSala, quien no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el acuerdo alcanzado con la fiscalía.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, calificó la conducta del exoficial como una grave violación de la confianza pública.
“Este comportamiento daña significativamente la confianza en el sistema de justicia penal y desalienta a las personas a denunciar delitos, lo que perjudica la seguridad pública”, expresó Bragg en un comunicado emitido tras la declaración de culpabilidad.
Según la investigación, Lambert utilizó su posición como agente policial para establecer contactos inapropiados con mujeres vinculadas a casos que tenía asignados, además de mantener una relación sexual con una mujer que había sido arrestada por él.
Lambert, de 33 años, ingresó al NYPD en 2014 y fue asignado en 2022 al Precinto 13, ubicado en el sector de Gramercy Park, en Manhattan.
El caso ha generado preocupación entre autoridades y defensores de derechos civiles, quienes consideran que este tipo de conducta socava la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y proteger a las víctimas.
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