Odebrecht: Ordenan conducencia abogado brasileño Mauricio Dantas Becerra, por no comparecer en tribunal
Santo Domingo, RD: El Ministerio Público inició este jueves la presentación de pruebas contra los seis implicados en los sobornos por US$92 millones de dólares que la empresa constructora Odebrecht admitió haber pagado para lograr la adjudicación de obras públicas en República Dominicana.
La presentación de las pruebas testimoniales estaba prevista para el martes con la comparecencia de seis testigos ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, siendo el número uno el abogado brasileño Mauricio Dantas Bezerra, quien había asistido a la audiencia anterior, el pasado jueves, y en cambio no acudió el martes, supuestamente, debido a que tuvo que viajar a su nación.
Este jueves, también presentarían sus testimonios Marcelo Hofke, María Álvarez de Maio, Carmen Álvarez de Maio, María Eugenia Batista y Dignari Rodoli, mientras que el tribunal ordenó el retiro de la sala de otros ocho para que retornen cuando le corresponda comparecer.
Al no encontrarse en el país para comparecer en el juicio, el Ministerio Público solicitó que Dantas Bezerra fuera escuchado mediante videoconferencia, lo cual fue rechazado por el tribunal, en virtud de que el testigo tiene domicilio procesal en el sector La Esperilla del Distrito Nacional.
Tras la decisión de rechazar la participación virtual, el Ministerio Público presentó un recurso de oposición para que fuera revocada dicha decisión, lo que fue acogido de manera parcial por el tribunal, que aceptó variar el orden de la presentación de las pruebas para iniciar con el testigo número 2 y ordenar la conducencia del testigo número uno. Se resaltó que la incomparecencia de Dantas Bezerra fue injustificada, debido a que su citación fue regular y válida.
La solicitud para la comparecencia virtual del testigo estuvo amparada en la Resolución 2463-2014 sobre el desarrollo de la videoconferencia como herramienta de cooperación jurídica internacional dictada por la Suprema Corte de Justicia, que prevé el uso de la tecnología en estos casos, específicamente en los artículos 1, 2, 5 y 6.
Durante la continuación del juicio, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, calificó de imprescindible la participación de Dantas Bezerra como testigo ofertado por el Ministerio Público, tras destacar que representó a Odebrecht en la firma del acuerdo de 2017, en el que la empresa brasileña se comprometió a pagar US$184 millones por los daños y perjuicios causados al Estado con el pago de US$92 millones en sobornos para lograr la adjudicación de obras.
Junto al procurador adjunto Wilson Camacho, integran el equipo litigante del Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
El Ministerio Público reiteró que está preparado para demostrar los hechos imputados y que cuenta con más de 1,700 elementos probatorios, entre ellos, más de 20 testigos, incluyendo varios ciudadanos brasileños, con los cuales demostrará las imputaciones sobre los sobornos hecha en contra de los seis encartados.
Con las pruebas dijo que demostrará las imputaciones contra del empresario Ángel Rondón Rijo, exrepresentante del Odebrecht en el país, así como contra el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado Andrés Bautista García; el exsenador de San Cristóbal Tommy Galán Grullón y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.
El grupo es acusado de incurrir en los delitos de soborno, prevaricación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, además en delitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión.
La acusación establece que los procesados violaron el Código Penal Dominicano y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
Todas las solicitudes hechas por el Ministerio Público este martes, en sus esfuerzos por procurar justicia, fueron rebatidas por todos los imputados, quienes en todo momento pidieron al tribunal que fueran rechazadas.
