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MP apelará fallo que ordena pago de RD$7.5 millones a imputado del caso Intrant

MP apelará fallo que ordena pago de RD$7.5 millones a imputado del caso Intrant
Abogado Enrique Rosario - inmigracion

SANTO DOMINGO. — El Ministerio Público anunció este viernes que apelará la decisión judicial que ordena el pago de RD$7. 5 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los imputados en el caso de presunta corrupción relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que la resolución presenta «graves vicios procesales» y fue emitida por un tribunal que ya no tenía competencia sobre el expediente.

Según la Pepca, la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó el fallo pese a que el proceso había sido remitido al Sexto Juzgado de la Instrucción desde el 24 de octubre de 2025, instancia que posteriormente emitió el auto de apertura a juicio. El fiscal Jonathan Pérez informó que el Ministerio Público dispone de 20 días para presentar el recurso de apelación.

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La resolución ordena el pago de RD$7. 5 millones por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con la devolución de bienes ocupados durante la investigación. Sin embargo, el órgano acusador afirma que Álvarez Carbuccia ya recuperó esos bienes y que únicamente permanece pendiente la entrega de un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor comercial ronda los RD$3,000. Asimismo, considera que la jueza interpretó de forma incorrecta la figura jurídica de la astreinte al fijar un monto que, a su juicio, equivale a una indemnización.

Álvarez Carbuccia figura entre los procesados junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros imputados por presuntas irregularidades en contratos vinculados a la red semafórica y al sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo. El grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio por presuntos delitos de corrupción administrativa, lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado.

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