Demandan revelar registros caso de malversación de ex legisladora Leslie Acosta

Filadelfia, PA: Spotlight PA, una sala de redacción independiente, no partidista, impulsada por el periódico,  The Philadelphia Inquirer, en asociación con  PennLive / The Patriot-News, TribLIVE / Pittsburgh Tribune-Review y WITF Public Media.

Cinco años después de que la ex representante estatal Leslie Acosta se declarara culpable en silencio en un plan de malversación de fondos, gran parte del caso en su contra permanece bajo un manto de secreto, reportó el periódico local, The Philadelphia Inquirer, en un artículo que reproducimos textualmente a continuación:

Más de la mitad de los registros judiciales en el caso de Acosta están sellados, a pesar de las críticas generalizadas de que a la ex demócrata de Filadelfia se le permitió permanecer en el cargo e incluso postularse para la reelección sin oposición, debido al nivel inusual de secreto que rodea su condena de 2016.

Un trío de organizaciones de medios de Pensilvania – Spotlight PA, The Philadelphia Inquirer y LNP/ LancasterOnline, ahora están pidiendo a un tribunal federal que abra esos registros, destacando el derecho del público a ver los procedimientos judiciales y los registros en casos penales y argumentando que hay un alto cargo por restringir ese acceso.

“Estos intereses son particularmente severos en casos de corrupción pública”, argumentaron los abogados de las organizaciones de noticias en su moción de apertura, presentada el 16 de febrero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Filadelfia. “Sin transparencia en tales casos, la fe del público en el sistema judicial y el gobierno en su conjunto se ve comprometida”.

Acosta no devolvió las llamadas en busca de comentarios.  En el pasado dijo  a través de su ex abogado,  que trató de proteger los detalles de su caso porque temía por su seguridad después de aceptar cooperar en la investigación federal del plan de malversación de fondos, que involucraba a otros nombres de alto perfil del mundo político en Filadelfia.

Pero no está claro por qué gran parte del caso permanece sellado, incluso después de que finalizó la investigación por malversación de fondos.

Los fiscales federales de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania, que manejó el caso de Acosta, dijeron en documentos judiciales la semana pasada que querían revisar los registros sellados, pero señalaron que podrían estar abiertos a una posible divulgación pública.

Desde el principio, el secretismo que rodeó la condena de Acosta fue notable.

Entre 2008 y 2012, varios años antes de que se convirtiera en legisladora en 2015, los fiscales dijeron que Acosta ayudó a su antiguo jefe a desfalcar miles de dólares de una clínica de salud mental en Filadelfia que atendía a residentes de bajos ingresos. La clínica fue fundada por Renee Tartaglione, quien proviene de una de las familias políticas más conocidas de Filadelfia, y el esposo de Tartaglione, Carlos Matos, otro miembro político de la ciudad.

Según los documentos judiciales, Acosta recibió miles de dólares en cheques de la clínica por trabajos que no realizó, luego los cobró y entregó el dinero a Tartaglione.

El público solo se enteró de su caso después de que The Philadelphia Inquirer revelara en septiembre de 2016 que la demócrata del norte de Filadelfia se había declarado culpable silenciosamente a principios de ese año y había aceptado testificar contra Tartaglione, quien fue condenada en 2017.

Las presentaciones judiciales que incluían su declaración de culpabilidad, así como los documentos de sentencia, estaban sellados.

Los fiscales nunca anunciaron su condena y Acosta no se lo dijo a sus electores ni a sus colegas en la Cámara de Representantes del estado.

Para cuando el público se enteró de su caso, ya era demasiado tarde para que un aspirante se inscribiera en la boleta para oponerse a su reelección. Acosta se postuló sin oposición y ganó un segundo mandato en noviembre de 2016. Pero recibió una fría recepción de sus colegas, quienes la presionaron para que renunciara, lo que hizo en enero de 2017.

Paula Knudsen Burke, abogada del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa con sede en Pensilvania como parte de su Iniciativa Legal Local, dijo que existe una gran carga para sellar los procedimientos y registros judiciales, y quienes buscan hacerlo deben demostrar que tal secreto supera la Primera Enmienda del público y los derechos de acceso del derecho consuetudinario.

“Debido a que la mayoría de los procedimientos y documentos en este caso fueron sellados, Acosta pudo mantener su participación en un plan criminal para defraudar a una clínica de salud mental en uno de los vecindarios más pobres de Filadelfia oculto a sus electores hasta que su reelección estuvo casi garantizada”, escribió Burke, quien representa a las organizaciones de medios y trabaja con la Clínica de la Primera Enmienda de la Facultad de Derecho de Cornell.

Los medios de comunicación piden que se desbloqueen 23 del total de 40 entradas de expediente en el caso de Acosta, o al menos se publiquen con redacciones.

Si se niega la liberación, los abogados solicitan que el tribunal haga público su razonamiento, señalando que “el acceso educa al público sobre el sistema judicial, fomenta la percepción de que los procedimientos judiciales se llevan a cabo de manera justa y permite la observación y evaluación de la fiscalía, concluye el reportaje de The Philadelphia Inquirer.