SANTO DOMINGO, RD.- Durante casi dos años, los documentos económicos del voto dominicano en el exterior permanecieron detrás de solicitudes, respuestas incompletas y un proceso judicial. Ahora, la Junta Central Electoral enfrenta un plazo formal para entregarlos.
La institución y su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, fueron intimados a cumplir la sentencia número 0030-1642-2025-SSEN-00203, dictada el 28 de mayo de 2025 por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, presidida por el magistrado Román A. Berroa Hiciano.
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La decisión ordena entregar íntegramente la documentación relacionada con el manejo económico de las elecciones celebradas el 19 de mayo de 2024 en las circunscripciones del exterior.
La intimación fue realizada mediante el acto de alguacil número 353/2026, instrumentado a requerimiento de la Corporación El Faro Latino y de su presidente, Esteban Cabrera, a través de la abogada Fanny Castillo Cedeño.
El documento concede a la JCE un plazo improrrogable de 15 días laborables para ejecutar la sentencia. La notificación fue dirigida también a Jáquez Liranzo en su condición institucional y personal, una precisión que coloca sobre ambos la responsabilidad de responder al mandato judicial.
La etapa de discusión sobre la validez del fallo ya concluyó. Una certificación expedida por el Tribunal Constitucional el 6 de abril de 2026 establece que contra la sentencia no existe recurso de revisión constitucional. De acuerdo con el acto de intimación, esa constancia confirma el carácter definitivo de la decisión.
El conflicto comenzó en octubre de 2024, cuando El Faro Latino solicitó acceso a la información pública sobre los recursos utilizados durante el proceso electoral dominicano en el extranjero. La JCE entregó parte de la documentación, pero los solicitantes consideraron que la respuesta era incompleta y acudieron ante la justicia.
El Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo de cumplimiento y ordenó entregar un conjunto amplio de registros. Entre ellos figuran los presupuestos asignados a las circunscripciones del exterior, estados bancarios, inventarios de materiales remitidos a las oficinas electorales, constancias de transferencias, informes de auditoría interna, liquidaciones y detalles de las transacciones realizadas durante el proceso.
La intimación advierte que, si la JCE no cumple dentro del plazo establecido, quedaría abierta la posibilidad de iniciar nuevas acciones para forzar la ejecución. Esas vías incluyen otro amparo de cumplimiento, la solicitud de una astreinte por cada día de retraso y los demás mecanismos previstos por la legislación constitucional dominicana.
El expediente entra así en una fase distinta. Ya no se encuentra frente a una simple solicitud periodística ni ante una sentencia pendiente de revisión, sino ante la ejecución de una orden judicial definitiva.
El Faro Latino informó que continuará el proceso hasta recibir la totalidad de los documentos necesarios para su investigación sobre el manejo de los fondos públicos destinados al voto dominicano en el exterior.
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