Ángel Lockward denuncia irregularidades en actuación del Pepca

Santo Domingo, RD. El jurista dominicano Ángel Lockward expresó su inconformidad ante el manejo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre el informe que lo relaciona con supuestos pagos hechos por el anterior gobierno.

Mediante una carta dirigida a la Procuradora General de la República, Dra. Miriam Germán Brito, Lockward alegó ¨Me extraña que un Informe de la Contraloría, que constituye un acto administrativo, haya sido confeccionado y mantenido en secreto, puesto que su validez – a pena de nulidad conforme a la Constitución y a las leyes – depende de haber sido discutido con las partes previamente y notificado a los afectados, algo que en mi caso como abogado, no ha sucedido.¨

De igual forma recalcó la necesidad de que se garantice el Estado de derecho ¨que ha costado tanto tiempo ir construyendo, pues es tan o más importante que la lucha en contra de la corrupción y algunos ciudadanos, lo vemos en los últimos tiempos muy debilitado.´´

En la misiva también denuncia la actuación de la Procuraduría General de la República al margen de la Constitución Dominicana y solicita a Germán Brito el cese de los abusos y el uso de informes cuestionables.

Además expresó su intención de aclarar las falsedades enunciadas en el informe de la Contraloría General de la República enfatizando ´´Humildemente me pongo a su disposición para visitar su despacho o el de quien tenga a bien referirme para cualquier asunto que sea de su interés.

Carta íntegra
Dra. Miriam Germán Brito
Procuradora General de la República
Honorable Procuradora General ayer por la tarde, al salir de mi oficina recibí la correspondencia No. MH-2022-003583, mediante la cual el Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro del Tesoro, me informa que no pueden ofrecer información sobre cuatro sentencias expropiatorias con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgadas
obtenidas en esta administración por un Informe de Auditoria de la Contraloría General de la República del que esta apoderado el Pepca sobre pagos hechos por el anterior Gobierno.
Me extraña que un Informe de la Contraloría, que constituye un acto administrativo, haya sido confeccionado y mantenido en secreto, puesto que su validez – a pena de nulidad conforme a la Constitución y a las leyes – depende de haber sido discutido con las partes previamente y notificado a los afectados, algo que en mi caso como abogado, no ha sucedido.
Por otra parte, si el Informe de marras contiene una auditoria especial relativa a casos ventilados en la pasada administración, resulta difícil entender que afecte a casos juzgados y tramitados en esta, que no guardan relación con los demás y afectan a personas de edad muy avanzada y enfermos que no tienen responsabilidad con los eventuales hechos de los otros.
Me ha resultado igualmente raro, que según me comentan – cosa que no puedo confirmar me involucren en actividades con los ciudadanos, Simón Lizardo, con quien no he cruzado palabra en más de ocho años, sobre todo luego de que me querellara en su contra por ante el Ministerio Público en el año 2017 y, con el señor Donald Guerrero a quien casi no conozco pues apenas le salude, creo que una vez en mi vida y, a quienes desde luego no tengo motivos para imputarle nada ilícito.
Usted es una abogada que, como Jueza, dedicó su vida a la Justicia y, espero que en sus manos como Procuradora, este garantizado el Estado de derecho que ha costado tanto tiempo ir construyendo, pues es tan o más importante que la lucha en contra de la corrupción y algunos ciudadanos, lo vemos en los últimos tiempos muy debilitado.
Humildemente me pongo a su disposición para visitar su despacho o el de quien tenga a bien referirme para cualquier asunto que sea de su interés, al tiempo que le anexo para la ilustración de su elevado parecer, la Solicitud de Medida Cautelar, escrita rápidamente anoche, sobre el Informe de marras, que hace unas horas tuve ocasión de leer en una borrosa copia, quizás apócrifa, porque un ejemplar fue negado por la Contraloría General, órgano que reitera de esa forma su actuación al margen de la Constitución, de la Ley 107-13 y de su propia norma, actitud que debe avergonzar al Presidente Luis Abinader.