Red de cibercrimen desmantelada en Operación Discovery, movió $250 millones de dólares.
SANTO DOMINGO.- Unos 250 millones de dólares movieron los integrantes de la supuesta red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery, según la solicitud de medida de coerción.
La presunta red se dedicaba al robo de identidad y a la extorsión sexual y económica en Estados Unidos y el país desde diversos “call centers” en el Cibao, según el documento depositado por la Fiscalía de Santiago y en cuya investigación participó el FBI.
Acusación
Los encartados son acusados de Asociación de Malhechores, la usurpación de funciones, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, tráfico de drogas y el uso de armas de fuego, porte y tenencia de armas de fuegos ilegales; con alcance trasnacional para materializar sus actividades ilícitas en perjuicio de sus víctimas, especialmente de Estados Unidos.
Pruebas aportadas
Como parte de las pruebas, la Fiscalía depositó todas las armas de fuego secuestradas mediante registros, los vehículos, las joyas, dinero, celulares, dispositivos electrónicos y otros efectos y objetos ocupados.
¿Cómo operaban?
Según el documento, la supuesta organización criminal operaba a través de centros de llamadas integrados por diversas personas que manejan el idioma inglés y la tecnología y que se prestan para ser agentes operadores que contactan a las víctimas y las estafaban y extorsionan de conformidad a un guión previamente establecido por el propietario o administrador del mismo.
Movimiento del capital
Para el movimiento de los capitales, utilizaban criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos y depósitos a través de remesadoras.
El Ministerio Público destaca que el grupo poseía y comercializaba armas de fuego de forma ilegal, además de que estaba afiliada a la organización criminal internacional denominada Los Trinitarios, muchos de ellos deportados de los Estados Unidos y con antecedentes penales en el país.
La banda también tiene vinculación con individuos que presuntamente se dedican a la venta de drogas en Santiago.
La investigación inició en julio de 2020, mediante una solicitud de información de la Embajada de Estados Unidos.
Durante el depósito de la medida de coerción, el fiscal titular de Santiago dijo que la investigación sigue abierta, por lo que no descarta que otras personas sean sometidas.
