Abogada de El Faro Latino explica sentencia del TSA ganada contra la JCE

Santo Domingo, RD: La Dra. Fanny Castillo Cedeño, abogada apoderada del periódico  El Faro Latino y su director, Esteban Cabrera, ofreció una explicación detallada sobre la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, que ordena a la Junta Central Electoral entregar las evidencias económicas del Voto Dominicano en el Exterior correspondientes a las elecciones de 2024.

La jurista calificó la decisión como una victoria para la transparencia electoral y para los más de dos millones de dominicanos residentes fuera del país.

Fanny Castillo explicó que el proceso comenzó con una solicitud formal de acceso a la información realizada por El Faro Latino a través del sistema SAIP. La petición incluía documentos relacionados con los gastos, liquidaciones, auditorías y transferencias realizadas por la JCE a las Oficinas de Coordinación de Logística en el Exterior. Según detalló, la institución no entregó la totalidad de los documentos dentro de los plazos establecidos por la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, lo que motivó la intimación formal y posteriormente la acción de amparo de cumplimiento.

Durante el proceso, la JCE alegó haber entregado toda la información solicitada. Sin embargo, la abogada Castillo señaló que esa afirmación no coincidía con la realidad del expediente. Explicó que existían evidencias económicas, liquidaciones completas, auditorías internas y documentos presupuestarios que habían sido solicitados pero no entregados. Esta falta de entrega parcial constituía, según sus palabras, una violación al derecho fundamental de acceso a la información consagrado en la Constitución dominicana.

Al evaluar los argumentos de ambas partes, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo determinó que la Junta Central Electoral no agotó su obligación de entregar los documentos requeridos. La sentencia reconoce la legitimación de El Faro Latino como medio de comunicación y como actor ciudadano, resalta la validez de la solicitud y concluye que la JCE incurrió en un incumplimiento de deberes legales y constitucionales.

La Doctora Castillo resaltó que el Tribunal ordenó la entrega total de la información solicitada y dejó claro que la administración pública no puede fragmentar entregas, ocultar archivos o limitar el acceso a documentos que reposan bajo su custodia. Señaló además que la sentencia reafirma el carácter vinculante del derecho de acceso a la información y establece que la transparencia en materia electoral es un deber institucional, no una concesión discrecional.

Al referirse a las implicaciones prácticas, la abogada puntualizó que la JCE está obligada a cumplir la sentencia de manera inmediata y sin dilaciones. Explicó que un incumplimiento tendría consecuencias jurídicas directas, entre ellas la posibilidad de imponer astreintes, sanciones personales, nuevas acciones judiciales y responsabilidades administrativas por desacato a una orden judicial emitida por un tribunal competente.

Castillo concluyó afirmando que esta decisión constituye un precedente a favor de la diáspora dominicana y fortalece la fiscalización ciudadana del proceso electoral. Reiteró que la JCE tiene la obligación legal de entregar todos los documentos faltantes y que El Faro Latino continuará velando por la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos destinados al Voto Dominicano en el Exterior.