Abogado de Jean Alain es accionista de empresa ligada a Strukturat. Esta última admitió pago soborno al ex procurador
Santo Domingo, R.D.-Una de las empresas accionistas a la Constructora Strukturat, propiedad del empresario Enrique Bonetti, está vinculada al abogado que encabeza la defensa de Jean Alain Rodríguez, Gustavo Biaggi.
La periodista de investigación Julissa Céspedes presento el reportaje quien es quien en la estructura corrupta del caso Medusa. En la misma, pone atención a la conformación accionaria de la empresa Strukturat. De la cual, Enrique Ernesto Bonetti Galván es el director ejecutivo. Este último señalado por el Ministerio Publico como parte neurálgica que la estructura de sobornos que tenía el ex procurador Jean Alain Rodríguez.
En una búsqueda del registro mercantil de Strukturat entre sus accionistas figuran la compañía: Porver Comercial que es representada por una pareja de ancianos de más de 90 años de apellido Verdeja. También figura como accionista Finerty Properties que está representada por Rafael Vélez Domínguez.
Asimismo, Industria Popular representada por José Antonio Caro Ginebra; Cesna, representada por Luis Eduardo Aquino Rivero. Y por último Albertine Works representada por Paul Hasbun Saladin. Este último testigo de la Procuraduría. También son accionista, Mario Antonio Ramos, y Blanca Ramírez de Suarez.
Al realizar una búsqueda de esas empresas, la periodista Julissa Céspedes contacta que de Industria Popular tiene como accionista a la empresa Fenlaand Administration Corp, representada por Gustavo Alfredo Biaggi Pumarol.
Con los datos anteriores, se pudo identificar a Biaggi Pumarol, jefe del equipo de defensa de Jean Alain Rodríguez.
Sobornos de Odebrecht se convirtieron en sobornos para Jean Alain y compartes
La acusación formal por el entramado de corrupción perseguido en la Operación Medusa ha traído a la palestra nuevos nombres. Son al menos 41 personas y 22 empresas, cuya figura central clave para la Procuraduría es Jean Alain Rodríguez que guarda prisión preventiva desde hace un año.
Además de Jean Alain Rodríguez, también están implicados Jonathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría; Alfredo Solano Augusto, ex subdirector financiero, Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa.
Además, Jenny Marte Peña, ex encargada de construcción del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario; Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, exdirector de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Publico. Y Miguel José Moya, ex asesor de comunicación estratégica del ex procurador.
Para que este presunto entramado de corrupción administrativa se mantuviera a flote, no solo se hizo necesaria la presencia de empleados de la Procuraduría, empresarios, militares, familiares y allegando al ex procurador Jean Alain Rodríguez; sino que también el escándalo de Odebrecht.
Los fondos para el cuestionado plan de Humanización de las Cárceles fueron fruto del acuerdo de lenidad que firmó el Estado dominicano, en la persona de Jean Alain Rodríguez con la empresa Odebrecht. La empresa se comprometió a pagar 184 millones de dólares luego de haber admitido que pago soborno.
Fondos de Odebrecht no fueron suficientes
Odebrecht hizo un primero pago en el 2017 de 30 millones de dólares, luego en junio del 2018 hizo un segundo por el mismo monto. Tres meses después, específicamente el 11 de octubre de ese año, Jean Alain Rodríguez lanzó el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. El presupuesto para el mega proyecto era 10 mil 500 millones de pesos, cifra casi identidad a lo que pagaría Odebrecht.
Se puede concluir que tomaron el soborno para convertirlo en soborno, nuevamente. El expediente del Ministerio Publico revela que como los fondos de Odebrecht no fueron pagados en su totalidad, el Poder Ejecutivo erogó cerca de siete mil millones de pesos para concluir el proyecto de las cárceles.
El proyecto costó 10 mil 109 millones 156 mil 141 pesos. De esos recursos, más de 8 mil millones han sido gastados en construcción.
Posición de Macarrulla en Domicem
El ministro en licencia Lisandro Macarrulla, de acuerdo con su declaración jurada, es también miembro del consejo administrativo de DOMICEM desde el 2002 en donde recibe un pago de 50 mil dólares por esa membrecía. Pero, también tiene acciones en DOMICEM por más de 213 millones de pesos.
Conforme la acusación formal del Ministerio Publico “la empresa DOMICEM le hizo millonarias transferencia, en pagos sin justificación a Jean Alain Rodríguez. Quien seguía asistiendo al Consejo de la empresa DOMICEN, a pesar de que tenía un evidente conflicto de interés y había un claro régimen de incompatibilidades con las funciones de Procurador General de la República. La obra asignada por Jean Alain Rodríguez a MAC Construcciones fue obtenida bajo el mismo esquema del 20% acordado, previo a la licitación” (página 462. Párrafo 2 de la acusación Operación Medusa)
El órgano persecutor también establece en el documento que Jean Alain “utilizaba un número telefónico, el cual era una flota de la compañía DOMICEN, asignada a la empresa Jurinvest. En virtud de un contrato de asesoría sin justificación ya que no hay trabajo realizado, por lo que esta operación está bajo investigación”.
Empresa Strukturat en el entramado Medusa
El ingeniero Antón Casanovas en el interrogatorio que le practico el Ministerio Publico dijo que el exdirector financiero, Jonathan Rodríguez, le había informado que había lotes de la Nueva Victoria ya comprometidos. Como el de movimiento de tierra, este fue adjudicado a Strukturat por más de 1,099 millones de pesos.
Certificaciones de la Cámara de Comercio de Santo Domingo indican que la empresa Strukturat entre sus accionista figuran la compañía Porver Comercial que es representada por una pareja de ancianos de más de 90 años de apellido Verdeja. También figura como accionista Finerty Properties que está representada por Rafael Vélez Domínguez, Industria Popular representada por José Antonio Caro Ginebra, Cesna, representada por Luis Eduardo Aquino Rivero y por último Albertine Works representada por Paul Hasbun Saladin. También son accionista, Mario Antonio Ramos, y Blanca Ramírez de Suarez.
La lista de empresas o personas que tiene acciones o son propietarios de la empresa Strukturat a la que le fueron adjudicadas más de 1 mil millones para el movimiento de tierra de la Nueva Victoria es interminables. Una empresa se esconde tras otra, creando capas, que podrían estar ocultando los verdaderos dueños.
Jean Alain y Hasbun fueron compañeros en Domicen
Conforme, la acusación formal del Ministerio Publico, en octubre del año 2018, Jean Alain, se acerca a Hasbun Saladin, con quien mantenía una amistad producto de una relación laboral previa en DOMICEN. (pág. 399. Último párrafo).
Jean Alain Rodríguez estableció que necesitaba una empresa para que trabaje los movimientos de tierra, a lo que Hasbun Saladin recomendó la empresa donde es miembro Strukturat. Y en donde Enrique Ernesto Bonetti Galván fungiría como director general. (pág. 400. Párrafo 2 del expediente).
Saladin organiza una reunión entre Rodríguez Sánchez y Enrique Bonetti Galván, que tiene lugar en la casa del ex procurador quien le estableció que le asignaría la obra, pero que tendrán que darle un 20% del total del contrato. Monto que debían pagar en efectivo.
De acuerdo con el documento acusador, de los 1,090 millones que le pago la Procuraduría a Strukturat, 163 millones le fueron entregados a Jean Alain, lo que equivale a un 15% del valor contratado. (pág. 404. último párrafo de la acusación).
Funcionaria del Ministerio de la Presidencia en el entramado
La investigación especial practicada al Plan de Humanización de Sistema Penitenciario de la Cámara de Cuentas establecía en uno de sus hallazgos que, el comité de compras y contrataciones de la Procuraduría adjudicó 103 millones 525 mil 976 pesos para la construcción de Caipaclp Barahona a una empresa propiedad de una funcionaria pública.
Se trata de una funcionaria del Ministerio de la Presidencia, Alodia Patricia Ángeles Rodríguez. Ella tiene acciones en la empresa Espacio y Arquitectura que resultó adjudicataria. Y que al momento de la contratación esta se desempeñaba como directora administrativa y financiera del Ministerio de la Presidencia. Donde permanece con un salario de 200 mil pesos mensuales. (pág. 38. Párrafo 4)
Espacio y Arquitectura, es una de las sociedades comerciales, es acusadas por el Ministerio Publico. Pero, Aloida Ángeles no figura entre los imputados, pero su esposo, Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk sí.
Ismael de Peña Tactuk es accionista de esta compañía junto a sus hijos e hijas, Camila de Peña Ángeles, quien también figura como auditora técnica de la Contraloría de la Republica desde el 2019 con un sueldo de 50 mil pesos mensuales. También aparece con acciones en la empresa su Natalia de Peña Ángeles, de 24 años, Ismael Tse-Tung De Peña.
Por: Angela Ramírez
