Agente fronterizo recibió miles de dólares en soborne de un coyote por dejar pasar a inmigrantes

Luis Alfredo Quintero-González, de 36 años, originario de México, se declaró culpable el pasado 11 de agosto de conspiración para cometer soborno y contrabando de extranjeros, indican documentos del Departamento de Justicia.

Su sentencia está programada para el 25 de octubre de 2022 ante la jueza de distrito de los Estados Unidos, Jennifer G. Zipps.

Sin embargo, Quintero-González no actuó solo, ya que evidencia recopilada durante la investigación estableció que pagó hasta $64,000 dólares al oficial migratorio Passapera, con quien coordinaba el cruce de inmigrantes.

“Mientras trabajaba como agente de USBP [Patrulla Fronteriza], Passapera recibía comunicaciones de Quintero-González y luego recogía a los no ciudadanos indocumentados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México cerca de Lukeville, Arizona”, indica el reporte judicial.

Passapera tenía como objetivo pasar de contrabando a las personas a través de los puntos de control de la Patrulla Fronteriza. El agente luego entregaría a las personas en un punto en Phoenix.

“A lo largo de la conspiración, Quintero-González y Passapera ingresaron de contrabando a al menos ocho no ciudadanos indocumentados a los Estados Unidos”, se acota.

Ambos implicados enfrentan procesos judiciales por separado, pero el Departamento de Justicia indica que una condena por conspiración para cometer soborno y contrabando de extranjeros conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de $250,000 dólares.

“Passapera fue acusado por separado por su participación en la conspiración en el caso CR-20-01706-TUC-JGZ-MSA y se declaró no culpable”, se indica en el reporte.
Por ello el exoficial migratorio enfrentará un juicio el 3 de abril de 2023 ante la jueza Zipps, la misma que lleva el caso del “coyote” mexicano.

Este caso logró su arribo a un tribunal federal, luego de la investigación de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción del Sur de Arizona de la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

Mientras que la acusación contra los implicados fue coordinada por personal de la Sección de Delitos Financieros y Corrupción Pública de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Arizona, ubicada en Tucson.
Este caso destaca en medio del incremento de encuentros de inmigrantes con autoridades fronterizas, que en el año fiscal 2022 podría llegar a dos millones, imponiendo un récord.