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AMLO, el presidente de la ‘pobreza franciscana’ con proyectos de faraón

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En el discurso político ideológico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el tema de la corrupción es una constante que, para sustentarla, requiere de la explicación de las causas y los efectos que la posibilitan. Un argumento es el derroche en que incurrieron altos funcionarios públicos de los gobiernos anteriores.

La expresión de este fenómeno fue sintetizada por López Obrador con la frase “No puede haber gobierno Rico con Pueblo Pobre” y la ejemplificó con la compra de “El Avión presidencial que no tiene ni Obama”. Además, propuso una “solución” para “terminar con la corrupción” y solucionar el problema de la pobreza. “Barriendo la corrupción, como se hace en las escaleras, de arriba para abajo, ahorraremos 500 mil millones de pesos”.

Ya en la presidencia, López Obrador decretó que su gobierno practicaría una austeridad republicana. Anunció que se modificarían los salarios de los altos funcionarios federales, para que ninguno ganara más que el presidente de la república, actualmente percibe 136 mil 700 pesos mensuales. Algunos funcionarios se ampararon para mantener el ingreso que la Ley les otorga.

En la instrumentación de su política de austeridad, propuso al Congreso de la Unión un presupuesto austero, disminuyó los recursos para las dependencias públicas federales, recortó presupuestos para organismos descentralizados, eliminó programas sociales, canceló contratos a proveedores de servicios, como los que abastecían medicinas, suspendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y demás.

Otro de los lemas de campaña de López Obrador fue “Por el bien de México, Primero los Pobres”, propuesta que sirvió para sustentar sus políticas sociales en beneficio de grupos sociales en pobreza.

En 2020, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México había 55.7 millones de personas en situación de pobreza. El número total de habitantes en México en 2020 fue de 126,014,024 según el Inegi.

Por medio de los grupos denominados Siervos de la Nación, organizados desde la presidencia, se instrumentó la política social que ha privilegiado la transferencia de recursos financieros en efectivo a la población. La crítica hacia estos mecanismos ha sido que las transferencias no han sido asignadas para que lleguen a las personas que más las necesitan y su dispersión se mantiene en la opacidad.

Desde hace algunas semanas López Obrador comentó que analizaba darle una “vuelta a la tuerca” al gasto del Gobierno federal. La mañanera, sirvió para que anunciara que su gobierno prepara medidas para pasar de la “austeridad republicana a la pobreza franciscana”. Al respecto informó: “Tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales, como vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono, por teleconferencias y vamos a reducir viáticos aún más y otras medidas.”

Explicó López Obrador que se trata de una austeridad republicana de Estado para mantener ahorros, no contratar deuda, no aumentar impuestos, no subir el precio de la gasolina. Destacó que la forma para lograrlo es “sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada”.

El mensaje de López Obrador de combate a la corrupción y su complemento de austeridad republicana, para la mayoría de la población significa que su gobierno ahorra miles de millones de pesos.

La evidencia de los tres años y medio de su gobierno indica que el desarrollo del país se detuvo por causas internas y externas. Estas últimas le vinieron como “anillo al dedo”. Es una realidad que en la economía del país el gasto público es un factor de aceleración del mercado de consumo, producción y servicios, mismo que disminuyó como consecuencia de su política de austeridad.

La pandemia frenó la economía y aniquiló a miles de pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo. Casi todo se detuvo por más de un año. Lo que siguió adelante fue la construcción de sus obras emblemáticas. El Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Transístmico.

El dinero en manos del gobierno de López Obrador ha servido para pagar miles de millones por la cancelación de NAIM, crear la Guardia Nacional, subsidiar a Pemex y a la CFE y demás. Su administración ha entregado miles de contratos a proveedores, sin licitación y ha simulado la práctica de la eficiencia, transparencia y honestidad entregando al Ejército y la Marina funciones de la administración pública reservadas en la Constitución a los civiles, entre otros.

La clave para entender la fase superior de pobreza franciscana está en su intención de canalizar “recursos para la gente necesitada”, que tomará el dinero que le entregue el “Siervo de la Nación” que le envía López Obrador. No significa que le ayudara a salir de la pobreza. Lo integrará a la “base electoral” del partido Morena.

La pobreza franciscana quiere decir, en la disputa por el poder que se avecina, que López Obrador construye la “riqueza de votos” para que la 4T se mantenga en el poder y que los siguientes cuiden su espalda. De legado no hablamos. No hay.

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