Ángel Lockward devolvió a la Procuraduría RD$220 millones producto de caso Calamar
Cinco abogados involucrados en el caso Operación Calamar aumentaron «su patrimonio de manera exorbitante» en pocos meses en el 2020, falsificando documentos públicos y privados y recurriendo al lavado de activos, según detalla el expediente acusatorio del mayor caso de corrupción investigado en los últimos cuatro años.
Solo los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, adultos mayores, incluso, se lucraron con 1,500 millones de pesos y sobornaron con casi igual cantidad a funcionarios gubernamentales, indica el expediente.
Otro de los abogados imputados y quien admitió su responsabilidad en el desfalco al Estado y colabora con el Ministerio Público es Ángel Lockward Mella, quien entre diciembre del año pasado y marzo de este 2024 devolvió a la Procuraduría General, de «manera voluntaria», 220 millones de pesos producto de la defraudación del erario, según la acusación que se depositó el pasado mes de abril por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca)
La supuesta estafa se efectuó en los últimos meses del Gobierno del expresidente Danilo Medina, cuando se pagó miles de millones de pesos por propiedades declaradas de utilidad pública y por la que están acusados también los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otras 40 personas físicas y jurídicas.
El expediente de Calamar describe que durante el periodo comprendido entre el 27 de enero hasta el 23 de julio del año 2020, se hicieron los pagos fraudulentos, provenientes tanto del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) como de la Dirección General de Bienes Nacionales, «autorizados y aprobados en común concierto doloso por los acusados Ángel Donald Guerrero Ortiz y Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, en sus condiciones de Ministro de Hacienda y Contralor General de la República, respectivamente, y con la participación activa de otros miembros de la estructura criminal de corrupción«.
23 inmuebles y casi RD$20 MM en bolsa de valores
El también togado Juan Tomas Polanco Céspedes, quien se sumó al expediente al someterse la acusación, posee 23 propiedades inmobiliarias en las provincias La Altagracia y La Romana y se le tiene retenido el monto de RD$18,610,000.00, en Puesto de Bolsa Inversiones y Reservas Cevaldom S.A.
A Polanco Céspedes, a quien se le atribuye una estafa de casi 50 millones de pesos, trabajaba asociado con Lockward Mella. Además del Estado, la familia sucesora Mota es la querellante de los letrados, a los que acusa de estafarla con más de 600 millones de pesos.
Otro de los abogados señalados es Aldo Antonio Gerbasi Fernández, quien asistió a los demás imputados «asesorando desde su rol como abogado y facilitando medios para la comisión de los delitos» para pagar fraudulentamente las expropiaciones a sucesores «a sabiendas de que las personas beneficiarias de los pagos no eran propietarios legítimos y en otros casos con expedientes en litis judicial o con documentos incompletos».
Según la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Gerbasi Fernández posee en el mercado financiero la suma de 10.2 millones, «que fue convertida en instrumentos financieros, así como colocadas en entidades de intermediación financiera para dar apariencia de legalidad a los activos ilícitamente generados».
El caso de los hermanos Fernández
Los acusados Ana Linda y Emir Fernández De Paola llevaron a cabo varias «maniobras fraudulentas» para hacerse pasar como legítimos herederos del italiano Alessandro De Paola Sangiovanni, quien llegó al país en los años 40 y dejó a su muerte unos terrenos de 15,893,345.70 metros cuadrados, ubicados en la sección Boca de Yuma, municipio Higüey, provincia La Altagracia.
La propiedad del extranjero fue cotizada en junio del 2020 en RD$4,768,003,710.00, los cuales, Donald Guerrero, el exministro de Hacienda, autorizó pagar, pese a que los hermanos estaban bajo investigación e incluso tenían impuestas medidas de coerción dictadas por un tribunal penal de Hato Mayor por la falsificación de documentos.
La coerción era por una litis de sucesión «del señor Alessandro De Paola Sangiovanni, así como de la querella del 4 julio del año 2016 que consta en los legajos del expediente del Ministerio de Hacienda, además del acto de oposición a pago núm. 16/2016 de fecha veintiocho (28) de enero del año 2016, depositado por Vincenzo Pietro Grisolia, como reclamante legítimo del señor Alessandro De Paola Sangiovanni».
Ana Linda era abogada del extranjero que no tuvo hijos y falleció el 14 de enero de 1998 por un «trauma craneal»
