Antonio Espaillat habría intentado traspasar bienes para evitar resarcir afectados del Jet Set

Santo Domingo, RD: La Procuraduría General de la República (PGR) ha implementado acciones debido a rumores de que el empresario Antonio Espaillat López estaría llevando a cabo acciones para ceder propiedades a su nombre. El ente acusador habría visto esto como una táctica para eludir la culpabilidad de las cientos de personas afectadas por el derrumbe de la discoteca Jet Set.

La Dirección de Persecución del Ministerio Público, bajo la dirección de Wilson Camacho, ha iniciado diversas “diligencias procesales” contra Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, junto con otras propiedades de Antonio Espaillat, en el marco de la investigación iniciada en relación con el desastre de la discoteca Jet Set, donde perdieron la vida 232 individuos y más de 180 resultaron heridos.

Dentro de estas acciones, se presentaron objeciones a los traspasos de propiedades que se encontraban en movimiento. De acuerdo con el Ministerio Público, esta es una acción para salvaguardar los derechos de las víctimas, después de que el martes 8 de abril pasado, durante una celebración con el merenguero Rubby Pérez, quien también pereció en el lugar de los sucesos.

“El Ministerio Público ha gestionado establecer un obstáculo preventivo a cualquier operación accionaria o patrimonial de las compañías relacionadas con Antonio Espaillat, dueño de la discoteca Jet Set”, expresó una fuente vinculada a la investigación, indicando que estas mismas acciones se están llevando a cabo bajo el marco de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Especificó que el objetivo de esto es prevenir que los bienes relacionados con Espaillat sean transferidos o vendidos durante el transcurso del proceso legal.
Explicó que esto no significa que se le esté indagando por lavado de dinero, sino que se emplea este instrumento legal para que, de forma administrativa, se pueda establecer un “freno” a cualquier operación relacionada con la propiedad de las compañías y propiedades asociadas a Espaillat.

El estudio se enfoca en las compañías directamente relacionadas con Espaillat, especialmente en la sociedad que gestionaba el emblemático centro de espectáculos de Santo Domingo.
Pese a que Espaillat ha manifestado de manera pública su disposición ante la justicia y su disposición a ayudar a la investigación, el Ministerio Público ha comenzado una revisión de la documentación empresarial, licencias, seguros, condiciones estructurales del establecimiento y el cumplimiento de las regulaciones requeridas para una empresa de esta naturaleza.

En su artículo 169, la Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, determina que es el ente del sistema de justicia encargado de la elaboración e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que encabeza la investigación penal y lleva a cabo la acción pública en representación de la sociedad.

En su primer párrafo, argumenta que, en el desempeño de sus responsabilidades, el Ministerio Público asegurará los derechos esenciales que pertenecen a los ciudadanos, fomentará la solución alternativa de conflictos, establecerá la salvaguarda de víctimas y testigos, y protegerá el interés público protegido por la legislación.

Además, en el párrafo II, indica que la legislación supervisará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la supervisión del Ministerio Público y cualquier otra entidad que se establezca para tal fin.

En relación con la autonomía y principios de actuación, el artículo 170 sostiene que el Ministerio Público posee autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y desempeñará sus tareas de acuerdo a los principios de legalidad, unidad de acciones, jerarquía, individualidad y responsabilidad.