Aplazan inicio de juicio preliminar contra Hugo Beras, Jochy Gómez y demás implicados

Santo Domingo.– El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó el inicio del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Intrant, Hugo Beras, Jochy Gómez y otros imputados vinculados a la presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos relacionada con la instalación y modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La audiencia, programada para hoy, fue pospuesta debido a que el abogado de la empresa Aurix S.A.S., propiedad de Jochy Gómez, se encuentra de licencia médica, informó el tribunal. Ahora, el Sexto Juzgado fijó como nueva fecha para el inicio del juicio preliminar el próximo 16 de marzo.
El caso, denominado en los tribunales como parte de la denominada Operación Camaleón, gira en torno a acusaciones de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, lavado de activos y otros delitos relacionados con la licitación y ejecución de contratos para la modernización del sistema semafórico y tecnológico en la capital dominicana.
Según la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el entramado de empresas presuntamente controladas por Gómez Canaán, incluyendo Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S., habrían obtenido contratos fraudulentos con el Intrant mediante procesos diseñados para beneficiar a compañías sin experiencia técnica en el área.
Parte de esos contratos habrían sido adjudicados sin cumplir con los requisitos técnicos ni procedimientos legales, lo que habría generado un millonario perjuicio económico al Estado dominicano.
Supuesto esquema para desviar fondos
El expediente también detalla que el supuesto esquema incluyó maniobras para desviar fondos públicos hacia otras compañías vinculadas y operaciones financieras sospechosas, además de actos que la Pepca ha calificado como sabotaje tecnológico al sistema semafórico, registrados durante la fase de investigación del caso.
En octubre de 2024, durante la fase de medidas de coerción, el tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a Beras y Jochy Gómez, aunque esa decisión fue posteriormente revisada por la Cámara de Apelación del Distrito Nacional, que impuso fianzas y otras medidas judiciales.
El caso ha sido uno de los más seguidos en el ámbito de la justicia dominicana por el volumen de las acusaciones y el impacto que podría tener en la transparencia de los procesos de contratación pública. Las defensas de los imputados han planteado objeciones y recursos en distintas etapas del proceso, alegando diversas irregularidades, lo que ha contribuido a los aplazamientos reiterados de la audiencia preliminar.
Con el nuevo aplazamiento, ahora el tribunal deberá retomar el conocimiento de las pruebas y argumentos que determinarán si el caso pasa a juicio de fondo, donde se dilucidarán las responsabilidades penales de los implicados

















