Aplazan medida de coerción contra implicados en robo de municiones
El 25 de noviembre se conocerá la solicitud de medida de coerción contra los 10 implicados en el Operación Pandora, una red criminal que presuntamente sustrajo mas de 900 mil municiones de la Policía Nacional para distribuirlas clandestinamente.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ha decidido aplazar la audiencia debido al volumen de pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El tribunal programó para el 25 de noviembre la audiencia en la que se decidirá si se impone prisión preventiva a los implicados en el caso Pandora.
La solicitud de aplazamiento fue realizada por la defensa, que argumentó la necesidad de tiempo para revisar los más de 200 elementos de prueba presentados por la Fiscalía.
El Ministerio Público ha solicitado que el tribunal declare el caso como complejo debido a la magnitud de los hechos y la cantidad de pruebas. Además, el órgano acusador espera que los 10 implicados sean privados de libertad mientras avanza la investigación y el proceso judicial.
Un mercado criminal en expansión
Según los documentos presentados en la solicitud de medida de coerción, el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, uno de los principales implicados, adquirió bienes como un jeep de lujo y comenzó una construcción inmobiliaria en Bonao, productos de sus actividades ilícitas.
Según la solicitud de medida de coerción, la red de tráfico de municiones operaba bajo la coordinación de altos oficiales de la Policía Nacional. A través de grupos de WhatsApp, los involucrados promovían la venta de municiones y armas, entre ellas un fusil Colt M-16, que el coronel Narciso Antonio Féliz Romero habría sustraído para la venta.
Este fusil, junto con otras municiones, se comercializaba en estos grupos con precios que oscilaban entre DOP 4,000.00 y DOP 5,000 por caja.
Los Imputados en el OPERACIÓN Pandora
El caso Pandora involucra a varios oficiales de la Policía Nacional y otras personas vinculadas a la red de tráfico de municiones. Los principales acusados incluyen:
- Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones de la Policía Nacional.
- Subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
- Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas.
- Capitán Víctor Manuel Santos, auditor que alteró los resultados de una auditoría.
- Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio.
- Tactical Accessories RH, S.R.L, una empresa vinculada a Rodríguez Toribio.
Además, se han identificado otras personas y entidades involucradas en el supuesto robo y distribución clandestina de las municiones sustraídas.
