Ariel Andrés Liranzo Liz, sobrino del presidente de la JCE fue nombrado con RD$275 por su tío como director de Recursos Humanos

Santo Domingo, RD: Tradicionalmente la Junta Central Electoral (JCE) ha sido un antro  y bacanal de corrupción e inobservancia de la ley administrativa en la República Dominicana. En el pasado reciente, el país estuvo al punto del colapso político y social cuando por artimañas y falta de transparencia en este organismo hubo que suspender las elecciones municipales de febrero, 2020, que planteó una crisis institucional, que marcó el principio del fin de la dinastía del PLD.

La conformación de un nuevo pleno se hizo obligatoria. Hubo una enorme presión que surgió en el mismo corazón de la diáspora dominicana en todo el mundo hacia lo interno del poder político en RD. Justamente esa presión fue la que impulsó los ánimos de cambios políticos, porque la sociedad dominicana se hartó de tanta corrupción administrativa.

Una enorme expectativa se creó cuando se conoció la conformación de un nuevo pleno integrado por: Román Jáquez, Liranzo, Samir Rafael Chami Isa, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez y Patricia Lorenzo Paniagua. No obstante, inmediatamente el propio Román Jáquez Liranzo marcó su territorio y dio muestra contundente de que la JCE seguirá siendo lo que ha sido por toda la vida.

En diciembre, 2020, el nuevo pleno de la JCE sorprendió a la sociedad dominicana con el nombramiento de nuevos miembros de la Comisión Electoral Central (JCE) además, ejecutó cambios de personal en la sede central y las oficinas del organismo que van desde nombramientos, renuncias, traslados,  a pensiones. A partir de ahí se armó el festín, de “quítate tu para ponerme yo”. 38 nombramiento de funcionarios importantes se produjeron en los primeros 17 días, la gran mayoría en cargos de direcciones.

De todos, hubo 23 asignaciones que llamaron poderosamente la atención, entre ellas: la Secretaría General, Sonne Beltré Ramírez; el Asesor Legal, Denny Díaz Mordán; la directora de Protocolo, Arlen Patricia Regalado y el director de Recursos Humanos de Santo Domingo Oeste,  Ariel Andrés Liranzo Liz, nada más y nada menos que el propio sobrino del flamante presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, al que designó en la nómina con un “sueldito” de RD$275, 000 pesos. (Ver parte de esa nóminaen la que aparece Ariel Andrés Liranzo Liz destacado en amarillo.):

Cuáles sanciones establece la ley para los funcionarios que nombran familiares en cargos públicos?

Según la Constitución Dominicana, en su artículo 102:  “Serán sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados o relacionados”.

La propia Ley 41-08 sobre Función Pública, prohíbe en su artículo 80 y reza textualmente que: “prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía”.

El actual Código Penal de la República Dominicana establece que: “Los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno, que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de la degradación cívica…”. La degradación cívica implica que el funcionario que la reciba no podrá volver a ocupar un cargo público durante el resto de su vida.

Pero nada de esto servirá de nada. Es solo una denuncia más del periódico El Faro Latino, una voz endeble que clama en el desierto, cuyos ecos son enmudecidos por el silencio ensordecedor de una prensa vendida y cómplice en RD por el  que el pueblo dominicano hoy está pagando un precio del que ya no le queda ni el menudo para devolver.

En medio de un escándalo por un desfalco millonario de dólares del presupuesto de las pasadas elecciones, Román Jáquez Liranzo, que tuvo el infortunio,  él mismo en persona,  de encabezar una supuesta comisión que investigó el robo,  donde encontró  suficientes evidencias, desvinculó algunos funcionarios y premió a otros, porque no presentó un querellamiento criminal ante la PEPCA,  en lo que a todas luces parece ser un encubrimiento administrativo de un acto deleznable de coalición de funcionarios para desfalcar al estado dominicano. Lo peor de todo esta calamidad es que sin haberle dado una respuesta responsable y coherente a la diáspora, ahora se aparece el mismo Román Jáquez  en EE. UU abriendo más oficinas de la JCE, dejando los mismos desfalcadores administrándolas, lo que demuestra que todo ese desorden es endémico y no casual, sino que responde a un caos controlado dentro de la institución  que se ha convertido en la vergüenza de los dominicanos que vivimos  en el exterior.