Arrestan hombre en Georgia por intentar estafar al gobierno con $750 millones con mascarillas COVID-19
NUEVA ORLEANS – Los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) arrestaron a un residente de Georgia el 10 de abril, después que intentara vender millones de mascarillas inexistentes al Departamento de Asuntos de Veteranos, a cambio de grandes pagos por adelantado.
El caso fue investigado conjuntamente por la oficina de Baton Rouge de HSI Nueva Orleans y la Oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos. Los agentes especiales de HSI Atlanta que asistieron a HSI New Orleans y al VA realizaron el arresto.
Christopher Parris, de 39 años, fue arrestado por fraude electrónico por cargos de denuncia penal. Alega que hizo y causó que se hiciera una serie de tergiversaciones fraudulentas en un intento de obtener órdenes del Departamento de Asuntos de Veteranos para 125 millones de máscaras faciales y otros equipos de protección personal (EPP) que habrían totalizado más de $ 750 millones de dólares.
Por ejemplo, la queja alega que Parris prometió que podría obtener millones de máscaras 3M genuinas de fábricas nacionales cuando sabía que no sería posible cumplir con los pedidos. Parris también supuestamente hizo falsas representaciones similares a otras entidades en un esfuerzo por celebrar otros acuerdos fraudulentos para vender EPP a los gobiernos estatales.
«Los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional han hecho un juramento para proteger al público estadounidense, particularmente durante esta crisis de salud, de personas oportunistas que buscan dañar deliberadamente a otros para su propio beneficio», dijo el agente especial a cargo, Jere T. Miles, Patria de Investigaciones de seguridad – Nueva Orleans.
«Hoy, nuestros agentes especiales han demostrado su compromiso con esa promesa», dijo.
Una denuncia penal es una acusación de un agente de la ley federal, y los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia a menos que se pruebe su culpabilidad. Tras la condena por el cargo de fraude electrónico, la pena legal máxima es de 20 años de prisión y una multa de $ 250,000.
