Ataques desmedidos al cónsul Chú Vásquez, la antítesis de la aplicación de la ley

Nueva York.- Pensé mucho antes de escribir estas líneas porque sé que pueden generar animadversión innecesaria. Aun así, las publico por un sentido de justicia, no por interés personal. Como director de El Faro Latino, un medio de la diáspora con 22 años de trabajo, tengo la obligación de defender un principio básico. Lo público no es un botín, y quien intenta ordenarlo no debería ser castigado.

En los últimos días circularon publicaciones hirientes contra el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, conocido como Chú. Más allá del tono, lo verdaderamente grave es lo que esas críticas revelan sin querer. No discuten si hubo despilfarro o si se corrigieron abusos. Discuten que se haya detenido el flujo de beneficios. Ese es el corazón del problema y la razón del desprecio que la diáspora siente hacia los partidos cuando convierten instituciones en herramientas de reparto.

El texto crítico no se limita a juzgar a un cónsul. Describe un patrón que la diáspora reconoce de inmediato. Un consulado tratado como extensión de la seccional partidaria, con nombramientos y pagos usados como mecanismo de cohesión interna, lealtad y castigo. También afirma que, al llegar, Chú desmontó una nómina inflada que incluía más de 400 nombres y decenas de vicecónsules y auxiliares con sueldos altos, personas que ni sabían dónde quedaba la sede, pero cobraban.

Aunque cualquier cifra debe someterse a verificación, el esquema que se dibuja es perfectamente creíble para quienes lo han visto repetirse por años.De ahí surge la inversión de valores que indigna. Cuando alguien intenta frenar el drenaje, la reacción no es evaluar el daño ni agradecer la corrección. Es atacar al que cerró la llave. Para la diáspora, ese giro moral es devastador porque normaliza lo inaceptable. Cobrar sin trabajar, convertir el reclamo en derecho adquirido y llamar traición a ordenar una entidad financiada con recursos públicos.

Hay un punto en que la diáspora deja de indignarse y empieza a desconfiar de todo. No es cansancio abstracto. Es memoria acumulada. Ventanillas lentas, servicios a destiempo, trámites caros, promesas que regresan cada ciclo electoral y la sensación persistente de que el Estado no sirve, administra lealtades. Por eso se escucha el mismo comentario en bodegas, barberías y salones. Siempre es lo mismo. Y cuando aparece alguien que intenta hacer lo correcto, lo destruyen.

El migrante puede entender la política. Lo que no tolera es el abuso con su dinero. El consulado no es caja chica de ningún partido. Su presupuesto y su funcionamiento se sostienen con recursos públicos y con tasas que pagan ciudadanos que trabajan duro. El contrato social es simple. Pago por un servicio y por una institución que me respete. Cuando esa institución se usa para pagar favores, el contrato se rompe y la credibilidad se derrumba.

En República Dominicana, la Ley 41 08 de Función Pública parte de una idea esencial. Los cargos existen para realizar funciones públicas, no para sostener redes de conveniencia. La lógica de esa ley exige clasificación de puestos, definición de tareas y responsabilidades, y un aparato administrativo que responda a un servicio verificable. Lo contrario, una nómina sin contenido, no es solidaridad, es distorsión del Estado.

Quienes hoy atacan al cónsul lo acusan de cancelar, reducir días y suspender pagos que venían de dinámicas partidarias previas. Pero si el relato es cierto, el escándalo real no es que se detuviera un pago. El escándalo es que existiera un pago sin contraprestación como costumbre, y que se intentara convertir esa costumbre en un derecho protegido por presión política.

Un cónsul no es un dirigente con sello oficial. Es el responsable de una dependencia pública con obligaciones de control, administración y rendición de cuentas. La Ley 10 04, que crea el Sistema Nacional de Control y Auditoría, establece el marco para una gestión ética, eficiente y económica de los recursos públicos. En la práctica, eso significa que el dinero no se distribuye por tradición ni por conveniencia. Se ejecuta con finalidad pública, trazabilidad, controles y evidencia de servicio.

Puede discutirse la modalidad contractual de cada empleado, pero el principio no cambia. En el Estado no existe un derecho a cobrar por no trabajar. Existe un deber de servicio y un deber de probidad.

La indignación de la diáspora no es contra un nombre. Es contra un modelo. Este artículo no busca atacar a quien criticó ni convertir a Chú en intocable. Busca señalar lo que la comunidad percibe con claridad. Un sistema que castiga la buena práctica y protege la mala termina destruyendo la confianza colectiva.

Si un funcionario corta gastos irregulares y por eso lo crucifican, el problema no es el funcionario. Es el espejo que esa decisión pone delante de una cultura política que se acostumbró a confundir lo público con lo propio.