Aumentan los arrestos y deportaciones de dominicanos desde Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico: Desde que el pasado 26 de enero se realizara la primera redada migratoria en Puerto Rico, las calles de San Juan han perdido su habitual dinamismo. La comunidad inmigrante, predominantemente dominicana, ha optado por resguardarse en sus hogares y minimizar su visibilidad, con el fin de evitar ser detenida o deportada.

“Estamos tristes porque se están llevando a nuestra gente”, expresó un inmigrante dominicano ante la insistencia de una periodista de El País, que documentó el impacto de las redadas migratorias ordenadas por el expresidente Donald Trump en la isla, con especial énfasis en la población procedente de la República Dominicana.

En cuestión de meses, Puerto Rico pasó de ser un lugar donde los inmigrantes indocumentados —que podían abrir cuentas bancarias y obtener licencias de conducir especiales— circulaban sin temor, a un escenario de constante vigilancia, donde miran por encima del hombro o espían desde las ventanas ante la posibilidad de una incursión de agentes de inmigración.

“Meses de redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump han silenciado este vecindario, donde el temor a ser arrestado o deportado es abrumador”, señala el reportaje sobre Barrio Obrero, epicentro de la comunidad dominicana en la isla y uno de los principales blancos de estas operaciones.

“Esto parece una ciudad sitiada. No sabemos cuándo vendrán a arrestarnos, muchas veces sin orden judicial ni explicación. Es algo aterrador”, denunció Nilka Marrero, pastora de la Iglesia Metodista San Pablo. Junto a un grupo de voluntarios, la reverenda reparte alimentos entre las familias que se mantienen recluidas, evitando salir incluso para hacer compras básicas.

El miedo es tan profundo que, según el reporte, algunos inmigrantes ni siquiera abren la puerta para recibir los alimentos entregados por la iglesia.

Aunque Puerto Rico cuenta con su propio gobierno y Constitución, su condición de Estado Libre Asociado lo convierte en una extensión del territorio estadounidense. Esto implica que políticas federales, como las migratorias impulsadas por la Administración Trump, también se implementan en la isla.

Pese a que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar por el presidente ni cuentan con representación con voto en el Congreso federal.

Dominicanos encabezan las detenciones

Desde la primera redada migratoria, un total de 445 personas han sido arrestadas en Puerto Rico, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citados por El País. De esos, el 72 % (320 personas) son de origen dominicano, lo que refleja la composición de la comunidad inmigrante en la isla, donde los dominicanos representan más de la mitad de los 55,000 inmigrantes registrados en 2022, según la Oficina del Censo de EE.UU.

Los arrestos más recientes ocurrieron el 8 y el 17 de mayo. En el primero, agentes migratorios irrumpieron en una obra de construcción de un hotel en San Juan durante la madrugada, deteniendo a 53 ciudadanos dominicanos. Nueve días después, seis más fueron arrestados en un operativo en un local nocturno de Barrio Obrero.

Las autoridades alegan que los detenidos no contaban con estatus migratorio legal. Aunque el gobierno de Trump sostuvo que su objetivo prioritario era la deportación de inmigrantes con antecedentes penales, ha admitido que el arresto de otros indocumentados es considerado “daño colateral”.

No obstante, según el reportaje, las autoridades locales no están clasificando ni publicando si los arrestados tienen historial delictivo. De los 445 detenidos, solo 74 enfrentan cargos penales; el resto fueron arrestados por infracciones administrativas relacionadas con su estatus migratorio. De ese total, 81 ya han sido repatriados o han regresado voluntariamente a su país, indicó Sandra Colón, portavoz del DHS en Puerto Rico.

Traslado de detenidos fuera de la isla

Los inmigrantes detenidos que no aceptan la salida voluntaria son trasladados a centros de detención en estados continentales como Texas o Florida. Desde allí, semanas o meses después, son deportados a sus países de origen.

“En Puerto Rico se efectúan detenciones, pero como práctica general del gobierno estadounidense, la mayoría son trasladados fuera de la isla entre 24 y 78 horas después de su arresto”, explicó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.

La ACLU advierte que este traslado representa un grave problema, ya que no solo separa a los detenidos de sus familias y comunidades, sino también de su representación legal.

“Muchos de los arrestados tienen procesos migratorios en curso en Puerto Rico, y su abogado se encuentra aquí. Sacarlos de la isla obstaculiza enormemente su defensa”, señaló Martínez Orabona. “Sabemos que la situación es difícil en cualquier parte de EE.UU., pero en Puerto Rico es peor porque no estamos conectados al territorio continental. No es simplemente subirse a un auto y llegar”.